Grave denuncia por colusión en la industria de casinos
El solo hecho que otra vez el país sea sacudido por una denuncia que compromete la libre competencia daña la imagen de todo el sector privado. De comprobarse efectiva la acusación de la FNE, cabe esperar las máximas sanciones.
El requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó en contra de los tres mayores operadores de casinos en Chile -Dreams, Enjoy y Marina del Sol, que en conjunto concentran el 90% del total de ingresos que genera esta industria- y cinco actuales y exdirectivos de estas compañías, acusándolos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones llevadas a cabo en 2020 y 2021, ha vuelto a reavivar las críticas por prácticas que atentan en contra de la libre competencia y los nefastos efectos que ello conlleva para la sociedad. En atención a la gravedad de los hechos, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) la aplicación de las mayores multas conocidas hasta ahora en un caso de colusión local: casi US$ 152 millones, de los cuales unos US$ 112 millones corresponden a Dreams. Además, solicitó que se ponga término a los permisos renovados a estos tres operadores en dichos procesos, extendiendo su vigencia sólo hasta que estos casinos se vuelvan a adjudicar en procesos competitivos.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Superintendencia de Casinos, alertando de que en los últimos procesos de licitación había sido manifiesta la falta de competencia, de modo que los grandes operadores se habían asegurado de ofertar en los lugares donde ya operaban, evitando competir entre ellos. La FNE acusa que el pacto funcionaba sobre la lógica del que “tiene, mantiene”, permitiendo de esa forma renovar los permisos por 15 años. Pero no solo eso, en su requerimiento la FNE también hace ver que los operadores denunciados se aseguraron de ofertar por montos manifiestamente bajos, que representaban un porcentaje ínfimo de la facturación de dichos casinos.
Fue en el marco de la investigación que comenzó a realizar la FNE que Marina del Sol decidió acogerse a un proceso de autodenuncia; en virtud de ello es que no ha sido objeto de multas, pero sí de la solicitud de revocación de los permisos que fueron renovados. Enjoy y Dreams han negado haber incurrido en prácticas contrarias a la ley; naturalmente será en el TDLC donde deberá probarse la acusación que formula la FNE, y sin perjuicio del derecho que le asiste a las partes acusadas de asegurar su inocencia, la contundencia de los elementos de prueba -donde entre muchos otros antecedentes se cuentan registros de encuentros furtivos entre los propios ejecutivos- sugiere la existencia de graves irregularidades en el proceso.
El solo hecho de que estemos enfrentando un proceso por colusión constituye ya un asunto de la mayor gravedad, porque esto causa un enorme daño sobre la imagen del sector privado, donde todos los actores son puestos bajo sospecha y se alimenta la desconfianza ciudadana en la economía de mercado. El país ha debido enfrentar en años anteriores varios casos o denuncias de colusión, cada uno de los cuales ha generado indignación y respecto de los cuales cabría haber esperado que a estas alturas se hubiese internalizado el altísimo costo que supone jugar por fuera de las reglas. Este año la FNE ya había abierto un proceso por colusión en el mercado de los gases industriales y medicinales, de modo que el caso que afecta ahora a los casinos constituye un verdadero balde de agua fría. La CPC ha señalado que una condena por colusión de los casinos, además de constituir en sí un hecho gravísimo, tendría “fuertes consecuencias en la imagen que proyectan las empresas a la ciudadanía”.
Hay quienes han visto en los cambios introducidos hace algunos años para fomentar la competencia en el sector -donde de un modelo que evaluaba integralmente la propuesta se pasó a otro en que se privilegió la mejor oferta económica- la base de una serie de problemas, entre ellos generar incentivos perversos para prácticas indeseables, pues al dejar de reconocer las inversiones ya realizadas por los operadores y atender solo a la mejor oferta económica se induce a buscar a toda costa los menores costos posibles. Aun si fuere efectivo que el actual modelo no asegura las mejores condiciones para licitaciones competitivas -lo que no es evidente, pues en el proceso de 2018 sí hubo fuerte competencia-, el transgredir las normas para obtener ventajas indebidas no puede encontrar justificación alguna, donde únicamente cabe su impugnación por las vías institucionales. Ante una transgresión, sólo cabe esperar las máximas sanciones.
Aun cuando no es claro que el TDLC acoja en su totalidad la altísima multa que ha sido solicitada, entre otras razones porque la fórmula que la FNE estimó para cuantificar los perjuicios fiscales, basada en el criterio del “doble beneficio económico” esperado durante cinco años, tiene la dificultad de que las ganancias futuras son una posibilidad y no un hecho, pero en cambio sí parece plenamente justificado que de probarse la culpabilidad las licencias se caduquen, porque no corresponde beneficiarse del producto de algo ilegítimamente obtenido. Será, además, la oportunidad para volver a llamar a nuevos procesos de licitación, donde sería la instancia para que el mercado decida si bajo las actuales condiciones resulta o no rentable invertir en la industria de los casinos.
Pese a lo decepcionante que resulta la constatación de prácticas contrarias a la libre competencia, cuando menos es valorable que la institucionalidad que se ha diseñado para combatir estas prácticas esté dando muestras de funcionar activamente y perseguir las responsabilidades que corresponda. Ello a la larga también debería ser un factor que disuada las malas prácticas.
