Los graves desmanes en la ciudad de Santiago se han prolongado por tres días, donde ayer nuevamente fue posible presenciar numerosas escenas de saqueos a tiendas y supermercados, incendios gigantescos, todo ello a plena luz del día y a cara descubierta. Estos eventos -que se han ido multiplicando- ocurren a pesar de que la provincia se encuentra bajo estado de emergencia, con dos sucesivos toques de queda. Imágenes similares se han repetido en otros puntos del país, lo que deja la peligrosa impresión de que los organismos del Estado -y en particular el gobierno- están siendo superados para asegurar el orden público.

Los caminos de solución para esta crisis serán muy complejos y de largo aliento, que exigirá el máximo compromiso de las fuerzas políticas. El sereno tono del encuentro de ayer entre el Presidente de la República con los timoneles del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema es un avance, así como la disposición de distintos sectores políticos para avanzar en acuerdos respecto de aquellos temas que aparecen como más urgentes frente a la ciudadanía.

Pero esa discusión de largo aliento no debe hacer perder de vista la gravedad que supone la pérdida del orden público, lo que ha significado que en apenas un par de días se hayan producido daños por más de US$ 300 millones en las líneas de Metro producto del vandalismo, y los saqueos e incendios que han dejado pérdidas inestimables. Todos los estamentos del Estado deben ser conscientes sobre los peligros que reviste consentir este tipo de situaciones, tanto por el riesgo que implica para la propia ciudadanía, el impacto en la calidad de vida así como las cuantiosas pérdidas que hechos así generan.

Pero quizás aún más importante que todo lo anterior es el hecho de que la violencia va llamando a más violencia, tal como se ha comprobado estos días; sin ir más lejos, ayer se vieron enfrentamientos entre los propios civiles, lo que da cuenta de la crispación reinante.

La forma en como han ido escalando los desmanes probablemente han llevado a que algunos dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista -que inicialmente se mostraron complacientes con las movilizaciones-, hayan morigerado el tono, seguramente advirtiendo la irresponsabilidad que supuso haber alentado algo que luego se ha salido de control. Pese a esta actitud, cabe lamentar que aún no haya habido pronunciamientos más categóricos de ambas fuerzas políticas.

En medio de este desolador cuadro, algo que ha llamado particularmente la atención es el abierto desafío de los más jóvenes tanto al toque de queda como a las instrucciones de la autoridad, lo que ha complicado mucho más el manejo de esta crisis. Parece haber algo más profundo aquí, síntoma de generaciones que se han acostumbrado a un actuar sin atenerse a reglas establecidas y con total falta de respeto a la autoridad. Tal actitud desafiante se replica en liceos públicos -el caso del Instituto Nacional resulta emblemático- como en las universidades. Hay aquí una tarea muy importante para el sistema educacional, porque en la medida que el respeto a las reglas y a la autoridad no se restablezca será difícil frenar las escaladas de violencia.