Chile ha dado pasos relevantes ante la ONU para sustentar científica y jurídicamente sus plataformas continentales extendidas en Rapa Nui, en el Archipiélago Juan Fernández y en una parte del Territorio Chileno Antártico. Son avances, sobre todo, estratégicos: permiten proyectar derechos sobre el suelo y subsuelo marinos, y resguardar sus recursos y su potencial aprovechamiento conforme al derecho internacional.

En un mundo que vuelve a valorar territorio, soberanía y recursos como fuentes de poder, Chile debe mirar su mar como un componente relevante de su estrategia de desarrollo y seguridad. No es sólo comercio y recursos: por él circulan las rutas de la economía mundial y por su lecho pasan cables e infraestructuras críticas. Pesca, minerales, recursos genéticos y cadenas logísticas hacen del océano un espacio creciente de competencia. La seguridad marítima es, por lo mismo, parte de la autonomía estratégica de los Estados.

Nuestra Zona Económica Exclusiva, de 3,4 millones de km2, más de cuatro veces el territorio continental del país, es uno de nuestros principales activos estratégicos y de aquella, cerca del 54% de ese territorio marítimo está bajo alguna figura de protección. Chile debe valorar ese esfuerzo, pero la conservación fortalece el poder nacional cuando forma parte de una estrategia marítima mayor, no cuando la reemplaza. Por ello cabe preguntarse: ¿cuánto ambientalismo y cuánto control político necesita proyectar nuestra política marítima en este nuevo orden emergente? ¿Hay complementariedad o contradicciones entre ambos?

Dichas preguntas son pertinentes porque, mientras protegemos extensas áreas marítimas, avanzamos con mucha mayor lentitud en definir y proyectar otros espacios de evidente valor estratégico. Chile es oceánico: el mar es esencial para nuestra economía, autonomía y proyección política, pero en un mundo más multipolar y competitivo, no basta con conservarlo; también debemos conocerlo, ocuparlo y ejercer responsablemente los derechos que el derecho internacional nos reconoce.

Aquí aparece una tarea pendiente: definir hasta dónde llega nuestra plataforma continental y proyectar políticamente ese espacio. Esto es especialmente urgente en Magallanes y Antártica Chilena, en donde Chile y Argentina han formalizado posiciones sobre espacios vinculados a ella. Chile debe, por tanto, construir oportunamente los fundamentos científicos y jurídicos de su posición para una inevitable negociación con Argentina sobre estos aspectos.

No se trata de precipitar una controversia, sino de evitar que la demora reduzca nuestro margen de acción.

Por eso, avanzar en la presentación de su plataforma continental magallánica debe ser una decisión estratégica de Estado, articulando ciencia, derecho, cartografía, defensa y diplomacia.

Por Teodoro Ribera, rector Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores