La Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra actualmente debatiendo un proyecto de ley -originado en una moción parlamentaria- mediante el cual se busca la rebaja de un 50% del impuesto específico a los combustibles en caso de excepción constitucional o de calamidad pública, rebaja que se mantendrá hasta que cese el acontecimiento que lo motivó, como también sus consecuencias. La iniciativa por lo visto ha despertado interés entre los congresistas, aprobándose por amplia mayoría un proyecto de acuerdo en que se insta al gobierno a colocar suma urgencia a esta iniciativa.

Hay una serie de elementos técnicos que desaconsejan una iniciativa como ésta, pero desde luego llama la atención que una vez más el Congreso haya declarado la admisibilidad de un proyecto que contraviene expresamente el orden constitucional, pues aquellas materias que impliquen cambios en el sistema tributario son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Con este proceder se insiste en seguir debilitando las bases de la institucionalidad, sin advertir las consecuencias para el país.

La justificación para este proyecto es constituir una ayuda directa a las familias ante la caída de ingresos que ha provocado la pandemia, sobre todo en aquellos hogares donde el automóvil se ha convertido en la fuente de trabajo. Se hace ver, además, que el impuesto específico a los combustibles tuvo su origen en ayudar a la reconstrucción de la infraestructura tras el terremoto de 1985, objetivo que ya estaría más que cumplido.

No está en duda la necesidad de que con recursos fiscales se apoye a las familias chilenas, pero no cualquier instrumento resulta eficaz para ello. La medida propuesta resulta por de pronto altamente regresiva, pues es evidente que a quienes más beneficiaría son a los consumidores que poseen más recursos. El 10% de la población de mayores ingresos consume veinte veces más combustible que el decil más vulnerable, y a lo menos seis veces más que los sectores medios.

Sus promotores tampoco parecen haber calibrado el cuantioso impacto fiscal que esto representa, el que de acuerdo con cálculos del Servicio de Impuestos Internos podría rondar entre US$ 970 y US$ 1.100 millones, según sea la base que se tome como cálculo, que el proyecto no detalla. Es fácil advertir que si el Estado prescinde de esos recursos, resentirá habrá mucho menos fondos para financiar las ayudas sociales. La iniciativa va en contra, además, de todas las recomendaciones técnicas que han formulado organismos como el FMI y la OCDE, que de hecho han planteado que el actual impuesto a los combustibles está por debajo de su óptimo para compensar una serie de externalidades.

Una iniciativa como esta, además de sus vicios de inconstitucionalidad, crea un cuadro de total confusión en el debate tributario, pues mientras por un lado tanto el gobierno como las distintas candidaturas evalúan aumentos de impuestos y términos de una serie de exenciones tributarias a fin de aumentar la recaudación fiscal -a lo que se agrega que ningún sector parece querer asumir el costo político de promover un aumento del impuesto al diésel y terminar con la injustificable asimetría que existe respecto de las gasolinas, cuyo gravamen es mayor-, al mismo tiempo se propone una medida que va en la dirección opuesta, lo que resulta en un total contrasentido.