Indagaciones del Ejército a periodistas

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Los antecedentes que han salido a la luz pública justifican la preocupación, ante posibles amenazas a la libertad de expresión, lo que exige esclarecer cuanto antes las circunstancias que han rodeado estos casos.



Desde que un reportaje de este medio -publicado en 2019- dio cuenta de que la Dirección de Inteligencia del Ejército había investigado por medio de escuchas telefónicas a un grupo de funcionarios activos y en retiro -quienes habían denunciado una serie de irregularidades en la institución- así como a un periodista cuyas investigaciones permitieron destapar millonarios desfalcos en dicha institución, han ido emergiendo una serie de antecedentes comprometedores. Estos se refieren a la forma como el Ejército ha llevado a cabo estas investigaciones, los que requieren ser despejados atendidas sus graves implicancias para el ejercicio del trabajo periodístico y para brindar plenas garantías de que indagaciones ejercidas en virtud de la Ley de Inteligencia se ajusten estrictamente a lo que dispone la legislación vigente.

A raíz de estas acciones llevadas a cabo por el Ejército -conocidas como “Operación “Topógrafo” y “Operación W”- se abrió una investigación que está en manos del Ministerio Público, la que de momento se encuentra desformalizada, sin perjuicio de que ya se han llevado a cabo varias diligencias y altos personeros del Ejército han prestado declaración. En sus descargos la institución niega cualquier irregularidad, y ha señalado que las escuchas telefónicas fueron autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones, tal como lo exige la Ley de Inteligencia.

Es en el marco de esta investigación que recientemente se ha conocido que las indagatorias del Ejército han abarcado a otros cinco profesionales de la prensa, quienes también han investigado casos de corrupción o ligados con violaciones a los derechos humanos. Se desconocen los motivos para ello, y de momento lo que ha salido a la luz pública es que personal de la Dirección de Inteligencia indagó antecedentes sobre ellos -también de familiares- en el Registro Civil. Junto a lo anterior, se ha denunciado que en el caso del periodista investigado en la “Operación W”, el Ejército, cuando solicitó la respectiva autorización judicial para las escuchas, indicó que el número de teléfono correspondía a una supuesta agente extrajera, sin mencionar que el número pertenecía en realidad a dicho periodista. Algunas voces han denunciado que hubo un engaño al juez -acusación que en sí misma es gravísima-, algo que la institución castrense niega enfáticamente.

Las labores de inteligencia son necesarias en todo Estado para resguardar la seguridad nacional y para desactivar posibles amenazas terroristas. Por su delicada naturaleza, estas investigaciones se hacen de manera reservada. Pero es responsabilidad del propio Estado asegurar que las garantías fundamentales de las personas no se pongan en riesgo, y que las facultades especiales que otorga la ley en ningún caso se utilicen para el amedrentamiento o para obtener información por vías ilegales. Los casos que se han conocido desde luego despiertan legítima inquietud, tanto por el elevado número de periodistas que aparecen investigados, como por el hecho de que todos tienen como denominador común el haber publicado información comprometedora para el Ejército. Resulta por lo tanto indispensable que todas las instancias -judiciales, de gobierno y la propia entidad castrense- despejen en su totalidad y cuanto antes todas las aristas que se han conocido, brindando plenas garantías de que el derecho de la prensa a investigar e informar -por tanto, el ejercicio de la libertad de expresión- no ha sido ni será coaccionado.

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