SEÑOR DIRECTOR

Preocupante. Es la palabra que mejor refleja el pago de indemnizaciones por accidentes laborales en Chile. Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a junio de 2018 se han cancelado más de 5 mil millones en dicho ítem. ¿Una causa? La poca fiscalización de instituciones públicas y privadas en el control de drogas y alcohol en el trabajo.

El 29,4% de los accidentes laborales responde a la ingesta de sustancias ilícitas, según el reporte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Como país tenemos que enfrentar este escenario, evitar el enorme impacto que genera en la productividad, seguridad y salud de nuestros trabajadores.

Según el Código del Trabajo, artículo 184, es el empleador quien debe proteger la vida y salud de sus trabajadores. Sin embargo, pocos implementan planes para prevenir y controlar el consumo de drogas y alcohol al interior de las empresas.

Es necesario extremar las exigencias no solo en la prevención, sino en concientizar del peligro que implica que un trabajador realice cualquier tipo de función bajo los efectos de estas sustancias. Hay mecanismos para mantener lugares de trabajo seguro, pero dependen de las empresas comenzar a actuar.

Es relevante que el gobierno y parlamentarios legislen sobre el consumo de drogas en ambientes laborales. En la actualidad, existe un proyecto que sigue detenido en el Congreso y que regula esta problemática. Aquí no se trata de proteger al empleador o la empresa, sino que de proteger la integridad y la salud de nuestros trabajadores.

Patricio Labatut

Gerente general de Global Partners