El 9 de diciembre de 2025, en el debate presidencial de la segunda vuelta organizado por Anatel, el entonces candidato y hoy Presidente de la República, don José Antonio Kast, fue categórico al ser consultado sobre los indultos: “Jamás indultaría a un abusador de niños… jamás”. Quiero comenzar esta columna expresando mi total confianza en que el Presidente de la República honrará ese compromiso. Ello, pese a las recientes declaraciones del Ministro de Justicia sobre esta materia, en las que ha señalado que podrían existir circunstancias en que, atendidos los antecedentes de un caso concreto, una persona condenada por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes pudiera acceder a un indulto.

Sobre este punto no debe haber ambigüedades.

El derecho internacional de los derechos humanos, los órganos especializados de Naciones Unidas, las relatorías sobre violencia y explotación sexual, los tribunales internacionales y la experiencia comparada coinciden en un principio esencial: las medidas de gracia respecto de condenas por abuso sexual infantil son difíciles de conciliar con el deber reforzado del Estado de proteger a la niñez frente a la violencia sexual. La razón es sencilla y profundamente humana: la impunidad nunca es neutra. Debilita la confianza en las instituciones, desalienta la denuncia y transmite a la sociedad una señal equivocada sobre la gravedad de estos delitos.

Detrás de cada condena firme por abuso sexual infantil hay un niño, niña o adolescente que habló, muchas veces años después y a un costo personal enorme. El derecho de esas víctimas sobrevivientes no es una abstracción: es el derecho a que el Estado tome en serio lo vivido y no relativice, mediante una decisión administrativa, el esfuerzo que implicó acceder a la justicia. Combatir la impunidad es también una forma de reparación.

Las niñas, niños y adolescentes no merecen cualquier protección frente a la ley, sino la más firme y consistente que el Estado sea capaz de ofrecer. Esa convicción atraviesa progresivamente nuestro sistema de protección y justicia. Y precisamente por ello debemos ser especialmente cuidadosos en preservar la coherencia de ese camino y los consensos que Chile ha ido construyendo en materia de persecución al abuso sexual infantil, tales como el aumento de las penas para estos delitos y su imprescriptibilidad, entre otras.

Los datos son elocuentes. Según el diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 2026, los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales aumentaron un 46,4% entre 2019 y 2025. Solo el año pasado se registraron cerca de 29 mil casos de abuso sexual contra ellos. Además, más del 70% de las denuncias por delitos sexuales que recibe el Ministerio Público tienen como víctima a una persona menor de edad. Y aun esas cifras representan solo una parte del problema, porque gran parte de los abusos nunca llega a denunciarse.

Hoy impulsamos, junto a numerosas organizaciones y al propio Estado de Chile, la adhesión al Convenio de Lanzarote, el instrumento internacional más completo para prevenir y enfrentar la explotación y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Adherir a este tratado no sería un gesto simbólico, sino una señal concreta de que Chile está dispuesto a avanzar hacia una política integral y sostenida de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas.

Ese es el debate que realmente vale la pena dar, y en el que estoy seguro, podemos encontrarnos.

Por Anuar Quesille, Defensor de la Niñez.