Política

Los pragmáticos 69 días de Arrau en Seguridad

El ingeniero republicano tomó con decisión las riendas de un ministerio en crisis, tras el fracaso de Trinidad Steinert. Sin embargo, la ausencia de medidas acordes con lo prometido por Kast en campaña y su estilo comunicacional generan cuestionamientos. Ahora prepara una reforma constitucional que busca dar un nuevo estándar en seguridad.

El viernes a primera hora, 10 vehículos policiales de última generación, con sus balizas prendidas, se estacionaron afuera de La Moneda, frente a la Plaza de la Constitución. Luego, alrededor de 300 carabineros se alinearon en dos hileras, para esperar a las principales autoridades relacionadas con el tema de la seguridad del país.

En medio de esa cuidada puesta en escena, el Presidente José Antonio Kast anunció la firma de indicaciones para modernizar los incentivos y ampliar la carrera de Carabineros -proyecto que venía gestándose desde 2024- y aprovechó la oportunidad para agradecer la gestión de su ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (47).

“Al ministro Arrau le quiero dar las gracias”, dijo, mirando al secretario de Estado, mientras la transmisión por streaming lo enfocaba con el rostro impertérrito. “Porque ha sacado adelante una tarea compleja, nos ha ido generando toda una estructura para que esto sea realidad, nos ha convocado a todos, poniendo el acento en que la seguridad es la labor primordial del Estado”.

Sin hacer una sola crítica a la gestión del gobierno anterior de Gabriel Boric, como lo hizo durante toda su campaña, Kast reconoció que la lucha contra “el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo” es compleja. “Habrá dificultades, habrá dolores, tendremos situaciones complejas, pero no vamos a cejar…”, dijo.

El Presidente Kast firma indicaciones a proyecto de ley para modernizar y fortalecer la carrera de Carabineros.

Arrau cumple hoy 69 días al frente de Seguridad, el mismo tiempo que permaneció en el cargo su antecesora, María Trinidad Steinert, antes de su bullada salida. También son los mismos días que el republicano alcanzó a estar al mando de Obras Públicas, cartera para la que se había preparado con antelación y que tuvo que abandonar tras el urgente llamado del mandatario el pasado 19 de mayo.

Hombre de campo —pasó parte importante de su infancia y juventud en el fundo familiar de Cato, a 12 kilómetros de Chillán—, Arrau ha confesado a sus cercanos que no le costó tanto “cambiarse de caballo”, como podría suponerse. Lo que sí reconoce es la alta intensidad del cargo, que asumió con el peso de cumplir la principal promesa con la que Kast y los republicanos llegaron a La Moneda.

Tal como se lo planteó el exministro de Seguridad de Boric, el abogado Luis Cordero -con quien se ha reunido varias veces en estos dos meses-, el exintendente de la Región del Ñuble entendió rápidamente que su éxito dependía, en buena parte, de la implementación de una batería de leyes -más de 70- aprobadas en el período anterior.

Entre ellas, reformas estructurales y complejas, como el traspaso de Gendarmería del Ministerio de Justicia al de Seguridad, en medio de una alta sobrepoblación en las cárceles; la nueva Ley de Seguridad Privada y la nueva Ley de Seguridad Municipal, que entra en vigencia el próximo 12 de agosto, y a la cual Arrau ha dedicado mucho tiempo, según cuenta el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, por lo que se ha reunido con alcaldes de todos los colores políticos, desde republicanos a comunistas. “Él sabe que esto es un trabajo que requiere muchísima coordinación y aprendizaje entre el Ejecutivo y el municipalismo”, advierte el edil.

También se encuentra en plena implementación la Ley de Ciberseguridad y que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y en diciembre debería entrar en vigencia la Ley de Datos Personales, la creación de la Fiscalía Supraterritorial (FST), especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público.

Varios expertos en el tema coinciden en que el ministro deberá reforzar sus equipos e inyentar más recursos, que su par de Hacienda, Jorge Quiroz -su gran aliado en el gabinete-, le ha comprometido, a diferencia del resto de los ministerios.

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN), quien sigue de cerca el tema desde Libertad y Desarrollo, señala que Arrau comprendió rápidamente que Seguridad era “un edificio en construcción” y que “su rol era de coordinación -con las policías, Fiscalía y otros servicios públicos autónomos- y no de competencia con ellos”.

“Él partió trabajando sobre las bases dejadas por el exministro Cordero y despejó rápidamente la polémica en torno a la ausencia de una estrategia propia -tema que había terminado por hundir a Steinert-”, dice Ubilla, con quien el secretario de Estado también se ha reunido.

Arrau junto al exministro de Seguridad Luis Cordero

Estrategia pendiente

Efectivamente, el 25 de mayo, cuando llevaba cuatro días en el cargo, el ingeniero civil -pariente del connotado pianista Claudio Arrau- se sacó esta presión de encima al anunciar que aplicará la Política Nacional de Seguridad promulgada por Boric y que, según la ley, tiene una duración de seis años.

Para muchos una hábil jugada, cargada de pragmatismo, que le permitió salir de un debate que había enredado a su antecesora, abrir diálogo con la oposición y recuperar la conducción política de la cartera.

Para otros, un error que evidenciaba ante la ciudadanía la ausencia de una estrategia.

“Si se prometió mano dura, esa mano dura tiene que verse en la calle y no solo en los discursos. A dos meses de gobierno, dos de ellos con Arrau, aún no vemos un cambio en la realidad que viven los chilenos”, advierte el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Karim Bianchi (indep.).

Al diputado Cristóbal Urruticoechea (Libertario) no le molesta el pragmatismo de Arrau: “Está haciendo las cosas bien, de una manera prudente e inteligente. Ha puesto sobre la mesa la importancia de la tenencia responsable de armas, y estoy seguro que su plan va a ser eficaz”.

“Aparte del plan nacional de seguridad pública, que Arrau al llegar hace suyo, la Ley 21.730 establece que cada administración tiene la obligación de ‘establecer o de desarrollar una estrategia de seguridad pública’ que se alinee con esa política, y hasta ahora no lo ha hecho”, advierte el diputado socialista Raúl Leiva, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Desde el ministerio reconocen que aún no se presenta la “estrategia bianual”, establecida en la ley, pero que se encuentran dentro de los plazos para hacerlo. Y que, en el intertanto, entregaron -y expusieron- a los parlamentarios un plan operativo que contiene 36 acciones estratégicas.

Pero la impaciencia ante la falta de una gestión que se diferencie de la anterior comienza a preocupar a sectores del oficialismo, incluido a republicanos.

Sin embargo, el respaldo de Kast al jefe de la Seguridad es total, hasta ahora.

El presidente valora su capacidad de trabajo (Arrau llega todos los días a las 6 de la mañana a su oficina y trabaja los fines de semana), la rápida adaptación en una cartera de la cual no estuvo de acuerdo en su creación, al igual que su partido que la votó en contra en el Congreso.

También respeta su pragmatismo y olfato político, el mismo con el que condujo su campaña presidencial.

“Si se prometió mano dura, esa mano dura tiene que verse en la calle y no solo en los discursos. A dos meses de gobierno, dos de ellos con Arrau, aún no vemos un cambio en la realidad que viven los chilenos”.

Karim Bianchi, senador independiente.

Al llegar al edificio de Teatinos 220, Arrau reversó muchas decisiones y medidas adoptadas por Steinert. Desde volver al piso 4 (la exfiscal había preferido trasladarse al piso 9), hasta la rearticulación de la Unidad Estratégica -creada por Cordero para cruzar información de las policías, Fiscalía, Aduanas, SII y otros organismos- que Steinert había cerrado por considerar que duplicaba funciones con la Unidad de Logística de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

También volvió a presidir el comité policial, instancia de coordinación del ministerio con Carabineros y la PDI, que su antecesora había dejado a cargo de sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana -a quienes el republicano pidió su renuncia-.

Cambiar percepciones

Arrau comparte diariamente sus actividades y reuniones en sus redes sociales y las del ministerio, incluidos sus masivos operativos nocturnos junto a Carabineros y la PDI, que son registrados en videos de buena factura. Ello, en sintonía con la decisión de Kast de darle un fuerte énfasis comunicacional al cargo.

Amante del rock de los 80, mucho de su contenido visual es acompañado por canciones de bandas como AC/DC y Metallica. It’s my life, de Bon Jovi -donde el cantante llama a seguir firme ante las críticas y a no rendirse- es un tema que ha repetido en sus videos.

La oposición han cuestionado la eficacia de sus operativos masivos, señalando que la mayoría de los detenidos son por delitos menores y un bajo porcentaje queda con medidas cautelares. Y que la mayoría de los procedimientos no son en las zonas más complejas, donde las bandas criminales operan.

Desde el oficialismo responden que tras estas intervenciones está la decisión deKast de darles certezas a las policías que su gobierno las respalda, además, de enviar una “señal de protección” a la ciudadanía en un tema muy permeado por las percepciones, a donde quieren apuntar.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), correspondiente a 2025, presentada hace un par de semanas, arrojó una baja en la percepción de inseguridad, aunque sigue en niveles elevados.

Las visitas de Arrau, con videos incluidos, a pasos fronterizos en el norte no han pasado desapercibidos en el Ejército y en el Ministerio de Defensa, que dependen de ellos. También han generado ruido en Justicia sus pautas en cárceles y reuniones con Gendarmería, que por este año sigue a cargo de la cartera que encabeza Fernando Rabat.

Pablo Urquízar, el hombre fuerte del equipo a cargo de seguridad en la campaña presidencial de Evelyn Matthei, resalta, sin embargo, que Arrau no ha cometido traspiés como su antecesora.

“La ausencia de errores no forzados le ha permitido una gestión más ordenada, con mayor disciplina comunicacional y un mejor manejo de las prioridades, sentando una base más consistente para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública”, afirma.

Otros señalan que a su favor ha jugado que el Congreso en estos meses ha girado en torno a la megarreforma y que paulatinamente la preocupación económica ha ido desplazando a la seguridad, tal como lo revelan las encuestas.

“La persecución y sanción del crimen organizado, que estimamos debiera enfrentarse con una reforma constitucional”.

Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano.

Según Criteria, publicada el 5 de julio, la seguridad sigue liderando, con un 31%, pero las categorías económicas -más empleos y mejores sueldos, y reactivación- suman 29%, siete puntos más que en marzo.

El último informe de coyuntura política de Libertad y Desarrollo advierte que la seguridad mantendrá su relevancia, pero la urgencia económica crece con fuerza y podría liderar las próximas mediciones.

El ministro Arrau en un operativo al interior de la cárcel El Manzano, en Concepción.

Reforma constitucional

Otro de los cuestionamientos desde la oposición es la “sequía legislativa” del Ejecutivo en temas de seguridad.

El diputado Leiva dice que el Ejecutivo sólo ha puesto urgencia a mociones parlamentarias de “baja calidad legislativa”, entre ellas, el proyecto de ley anticapuchas presentado por el diputado del PDG, Javier Olivares, y el Registro Nacional de Vándalos que, según el diputado del PS, ha recibido reparos de abogados constitucionalistas.

Desde el ministerio responden que el punto 16 del plan operacional presentado a los parlamentarios incluye 26 proyectos de ley “priorizados”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, asegura que terminada la tramitación de la Ley de Reconstrucción, donde el gobierno ha puesto sus fichas, vendrán anuncios en materia de seguridad. Entre ellos, cuenta el senador, “la persecución y sanción del crimen organizado, que estimamos debiera enfrentarse con una reforma constitucional”.

“El objetivo es tener la certeza de que todas las medidas que se van a tomar en materia legislativa, de aquí en adelante, no van a ser objeto de ningún cuestionamiento constitucional por parte de un tribunal”, explica Squella.

Fue el propio Arrau quien dio cuenta de esta iniciativa en el comité político del lunes pasado ante los presidentes de partidos del oficialismo, señalando que ya ha sido visada por abogados constitucionalistas.

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