Inquietantes niveles de pobreza en La Araucanía

La región no logrará avances sustantivos en la superación de este flagelo mientras la violencia no logre ser efectivamente controlada.



Los resultados de la última encuesta Casen siguen mostrando que La Araucanía continúa como la región que presenta mayores niveles de pobreza a nivel nacional, con 17,4%, muy por sobre el promedio general de 10,8%. Algunas voces han atribuido este deterioro sobre todo al efecto de la pandemia, pero parece haber causas más estructurales, entre ellas la violencia, que permiten explicar mejor el fenómeno.

Aun cuando esta región se mantuvo con un nivel de pobreza similar al que presentó en la última medición de la Casen 2017, índices de esta magnitud deben ser motivo de especial preocupación. Desde luego que la región ha presentado mejorías si se compara con los niveles de pobreza que había en 2006 (48%); sin embargo, también es un hecho que esta zona es epicentro del llamado conflicto indígena, donde demandas de reivindicación de los pueblos originarios se cruzan con la acción de grupos radicalizados, que no han cejado en atentar contra agricultores, forestales, camioneros y también contra asentamientos civiles, en un espiral que ya ha dejado numerosos fallecidos y pérdidas gigantescas producto de la destrucción.

A pesar de que hay sectores que se empecinan en minimizar los efectos de la violencia, no parece posible seguir disociando la existencia de fuertes niveles de pobreza con la destrucción del estado de derecho y la inseguridad que estas condiciones generan para la inversión. Sería equivocado atribuir solo a la violencia el rezago de La Araucanía, pues se trata de un fenómeno que lleva décadas ocurriendo, y es evidente que las falencias en educación, falta de infraestructura y otras variables sociales son muy incidentes. Con todo, tampoco parece casualidad que la región con mayores niveles de pobreza coincida con aquella donde existen mayores niveles de violencia.

Abordar con decisión el problema de inseguridad que se vive en La Araucanía no solo responde a un imperativo legal, sino que en la medida que este fenómeno continúe sin control el daño social que ello genera resulta devastador, pues está privando a miles de niños y adolescentes de poder acceder a mejores oportunidades de vida, condenando a sucesivas generaciones a seguir viviendo en pobreza y alimentando a su vez las raíces del conflicto indígena.

Distintos gobiernos han implementado planes de desarrollo para esta región, pero sin mayor éxito en la tarea. La actual administración, además de haber conformado desde una etapa inicial un acuerdo nacional por La Araucanía, desarrolló el Plan Impulso Araucanía, que abarca distintas dimensiones. Es un esfuerzo significativo, y a pesar de que conforme con cifras oficiales registra un avance de 66%, todavía no resulta suficiente para provocar un giro significativo. La pandemia ha frenado múltiples iniciativas de inversión y ha hundido la industria turística de la región, pero a medida que estos efectos se vayan superando, en tanto la violencia siga en la forma desenfrenada que está, no cabe esperar progresos significativos.

Cualquiera sea el signo de la administración que asuma el poder a partir de marzo de 2022, La Araucanía deberá ser un foco de atención principal.

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