Vivir en sociedad significa ser corresponsables unos con otros, y en un país con altos niveles de desigualdad y percepción de injusticia como Chile, la solidaridad entre ciudadanos, que nos permita garantizar ciertos estándares mínimos de calidad de vida para todos, no solo es una virtud, sino una condición necesaria para hacer posible y sostenible la vida en común. Para ello, el responsable de institucionalizar esa solidaridad de forma justa, eficiente y transparente es el Estado.

Bajo este principio, uno podría suponer que para corregir en parte estas desigualdades, el Estado debería inyectar mayor cantidad de recursos públicos en aquellas comunas más empobrecidas y menos en aquellas que tienen la mayoría de sus necesidades básicas cubiertas. Pero hoy en Chile ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, mientras el presupuesto municipal por habitante en el año 2024 en Lo Barnechea era de $819.604, en la Pintana solo alcanzaba los $198.593. El Estado no termina de corregir desigualdades, sino que las reproduce y exacerba.

En este escenario, lo razonable sería buscar medidas que permitan una mejor redistribución del gasto público en la ciudad para volverla más justa y mejorar su estándar urbano donde más se necesita. Pero hoy ocurre todo lo contrario y vemos cómo el principal mecanismo para corregir en parte estas brutales brechas, que es el pago de contribuciones, está siendo cuestionado. Algo que a primera vista promete aliviar la carga a la clase media, no haría más que condenar a más del 80% de la población que no podría contar siquiera con sus servicios municipales básicos.

Lo primero es señalar que el 77% de las viviendas en Chile no paga contribuciones y que ese 23% que sí lo hace, se concentra mayoritariamente en las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa. Eliminar este impuesto significaría recortar más de 1.600 millones de dólares anuales, afectando directamente a más de 250 municipalidades que dependen de este fondo para subsistir. Por ejemplo, solo en Maipú, la eliminación del pago de contribuciones significaría dejar de percibir $58.000 millones de pesos al año, más de un 30% de la totalidad de nuestro presupuesto municipal. Esto amenazaría servicios tan básicos como la recolección de basura domiciliaria, la mantención de áreas verdes o el pago del alumbrado público. Para qué hablar de las posibilidades de tener calles en buen estado, invertir en plazas o parques, aumentar dotaciones de seguridad o llevar el deporte y la cultura a nuestros barrios. Al parecer, para algunos, esos son lujos que solo deberían estar reservados para cierto tipo de comunas.

Debatir sobre cómo hacer este impuesto aún más justo y progresivo -poniendo el foco, por ejemplo, en personas mayores agobiadas por él- es una conversación necesaria. Plantear la necesidad de avanzar hacia un Estado más moderno, transparente y eficiente, que sea capaz de demostrar que la vida en sociedad mejora después de este ejercicio de redistribución, es un deber del sistema político. Pero plantear la eliminación del pago de contribuciones va en la dirección absolutamente opuesta a las necesidades de nuestro país, ya que este mecanismo como pocos, logra redistribuir ingresos de forma eficiente y llevarlos allí donde más se necesita: los municipios de todo Chile.

Como alcalde de una comuna con múltiples necesidades y escasos recursos -y a nombre de quienes comparten estas condiciones- siempre empujaré el debate sobre cómo hacer más transparente, eficiente y pertinente el gasto público. Pero no podemos dejarnos tentar por discursos que prometiendo alivianar la mochila a nuestros agobiados vecinos, no harán más que perjudicar directamente su calidad de vida. Con esto, no solo perderían los habitantes de las comunas con menos ingresos, pierde la idea de la patria, y de lo que significa pertenecer a un proyecto de sociedad en común.

Por Tomás Vodanovic Escudero, alcalde de Maipú.