El 11 de marzo asume un gobierno de emergencia, y es inevitable preguntarse: ¿también tendremos una política exterior de emergencia? Las primeras señales apuntan en esa dirección. A solo 48 horas de ganar la elección, el presidente electo viajó a Argentina para reactivar una relación bilateral que, bajo el gobierno del Presidente Boric estaba descuidada. Una semana después partió rumbo a Ecuador, con escala en Lima, para abordar la crisis migratoria regional. En enero volverá a Perú. Nunca antes habíamos visto a un presidente electo tan activo en política exterior antes de asumir. La lógica de la emergencia, sin duda, llegó también a la política exterior.

Esto puede ser una buena noticia si “emergencia” significa actuar con sentido de urgencia y alinear la política exterior con las prioridades más inmediatas de los chilenos. Pero sería muy problemático si la emergencia se traduce en improvisación, cortoplacismo o en convertir la política exterior en una crisis permanente.

Partamos por la seguridad nacional, nuestra primera emergencia. Buscar cooperación internacional no solo es razonable sino indispensable: sin cooperación no hay solución posible ni para la crisis migratoria ni para el crimen y narcotráfico transnacional. Es positivo que esa cooperación se impulse con urgencia y desde la Presidencia. Sin embargo, lograr resultados requerirá acuerdos bilaterales y multilaterales a nivel nivel político, técnico y operacional. El impulso de alto nivel es necesario pero no suficiente. Se requiere cooperación entre servicios de migraciones, PDI, autoridades consulares, y probablemente el apoyo de las FF.AA.. Colombia y, especialmente, Venezuela serán los interlocutores más difíciles. Por eso, si el gobierno entrante quiere que esta estrategia funcione, deberá apoyarse en organismos con experiencia como ACNUR y la OIM. El multilateralismo, aquí, no es retórico: es una condición de éxito, y la improvisación nos puede costar caro.

Además, la seguridad nacional no puede volverse una coartada para relativizar el derecho internacional, pues no le es ajena, sino consustancial a sus propias normas. En política exterior, comprender y respetar ese marco jurídico es parte de la solución. Es preocupante cualquier insinuación de apoyar una intervención militar en Venezuela, así como debilitar la protección de los derechos humanos de quienes están bajo nuestra jurisdicción. Actuar con urgencia es necesario; hacerlo dentro del Estado de Derecho es imprescindible.

En materia económica, nuestra segunda emergencia, algunas medidas se pueden tomar con mayor rapidez, como facilitar procedimientos aduaneros o coordinación fronteriza. Pero la profundización de relaciones comerciales es más lenta y debe construirse sobre tratados para perdurar. Reimpulsar la Alianza del Pacífico, profundizar el TPP-11 o avanzar hacia el RCEP exige paciencia y consistencia.

Está bien poner la emergencia en el centro de la política exterior, pero no puede significar que ésta se transforme en una emergencia. Su función es defender los intereses permanentes de Chile, con mirada de largo plazo, previsibilidad y estabilidad. La emergencia es una virtud si ordena prioridades, pero un problema si se convierte en el método.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal