La amenaza de las barras bravas

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Los "barras bravas" han estado en gran parte de las manifestaciones, especialmente en Plaza Italia. Se ubican, principalmente, justo debajo de la estatua de Baquedano. Foto: Andrés Pérez



El viernes pasado, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional dio por terminado el Campeonato Nacional aun cuando faltaban seis fechas por jugarse, atendida la imposibilidad de hacerlo por la situación de convulsión social existente. Y aun cuando no se ha querido reconocer así por parte de la dirigencia deportiva, la acción vandálica de las llamadas barras bravas ciertamente también ha sido un factor preponderante en dicha decisión, quizás el más decisivo. Sus abiertos llamados a boicotear el actual torneo así como la intromisión en el Estadio Bicentenario La Florida -impidiendo el desarrollo del partido entre Deportes Iquique y La Calera- dan cuenta de grupos que actuando bajo la fachada de una filiación deportiva han hecho del amedrentamiento y el uso de la fuerza mecanismos de presión para doblegar a las instituciones y condicionar actividades.

Siendo correcto admitir que no había condiciones para seguir adelante con el torneo, la suspensión del campeonato constituye un fracaso que debe motivar una profunda reflexión acerca del accionar de estas bandas, cuyos tentáculos parecen extenderse mucho más allá de lo futbolístico, pues incluso se les ha acusado de propiciar saqueos o vandalismo en la actual crisis social.

Si bien desde 2015 existe la ley de violencia en los estadios que busca sancionar conductas de esta naturaleza, lo que ha permitido que más de 4.300 personas estén impedidas de ingresar a estos recintos -694 por orden de los tribunales-, y se haya buscado evitar los vínculos entre los clubes y las barras bravas, los núcleos más duros de estos grupos no solo siguen generando situaciones de violencia en los recintos y su entorno, sino que han transitado a tener un rol activo en hechos de violencia que escapan de lo meramente deportivo. La detención de un menor por su eventual participación en el incendio de una estación de Metro -que habría respondido a una convocatoria en redes sociales por parte de uno de estos grupos-, y de una veintena de integrantes de los mismos por otros hechos delictuales, pone de relieve que sus fines se han distorsionado y han sido cooptados por causas afines a posiciones radicales.

Por ello resulta razonable la preocupación de las autoridades y que Carabineros ponga el foco de atención en aquellos integrantes de estas barras que han sido sancionados por los tribunales y por los mismos clubes, para analizar la vinculación con los graves hechos de violencia conocidos por el país.

Resulta aquí indispensable un trabajo más exhaustivo de la inteligencia policial, para determinar hasta qué punto la malentendida convocatoria deportiva se ha cruzado con la delincuencia y el narcotráfico.

La urgencia por neutralizar a las barras bravas no solo pasa por un asunto de recuperar el orden público, sino también porque en un estado derecho resulta intolerable que un grupo tenga el poder de amedrentar a la ciudadanía o decidir cuándo una actividad se podrá retomar, al margen de lo que resuelvan las instituciones a cargo de dicha actividad. Desde luego que esto no solo tiene una dimensión policial, sino que requerirá activamente de la voluntad de las autoridades, clubes y jugadores para cerrar cualquier espacio a estos grupos, en la medida que no renuncien a la violencia.

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