Con el asesinato del presidente Jovenel Moïse la madrugrada del martes pasado, Haití volvió a entrar en un espiral ya conocido, el de inestabilidad y la incertidumbre. El crimen del Mandatario de 53 años se produjo a solo dos meses de la fecha fijada para las próximas elecciones presidenciales y en momentos en que no solo el Primer Ministro Claude Joseph estaba en calidad de interino a la espera de que asumiera su sucesor -designado apenas horas antes-, sino además cuando el país no cuenta ni con Parlamento ni con una Corte Suprema en funciones, disueltos ambos por el Mandatario asesinado. Desde hace un año, Moïse gobernaba por decreto. El país estaba sumido en una ola de protestas mientras la oposición acusaba al Mandatario de haber extendido ilegítimamente su periodo presidencial y las bandas delictuales asolaban al país, con más de 200 secuestros solo en el último mes.

Pero más allá de la crisis que arrastraba el Presidente asesinado y que tenía a Haití virtualmente paralizado, la inestabilidad de esa nación caribeña se ha vuelto endémica y su actual colapso institucional, político y económico es en parte consecuencia también del fracaso de la comunidad internacional. Hace poco más de 17 años, la ola de violencia que terminó con la renuncia del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide llevó a Naciones Unidas a enviar a la isla una fuerza de estabilización, en la que participó Chile, y cuyo objetivo era lograr pacificar al país y apoyar la labor de un gobierno de transición. Una vez logrado ese objetivo, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah) se abocó a reforzar la institucionalidad haitiana, apoyar a las fuerzas de seguridad -labor en la que participó directamente Carabineros de Chile- y encaminar a la sociedad de Haití hacia la consolidación de un sistema democrático.

La Minustah terminó sus funciones hace cuatro años. Desde entonces, el apoyo de Naciones Unidas al país caribeño entró en una nueva fase. Es cierto que durante estos 17 años Haití también ha sido asolado por otras desgracias, como el terremoto de 2010, que dejó cerca de 200 mil muertos, el huracán Matthew en 2016, que causó daños en el país equivalentes a poco más del 50% de su PIB, y un violento brote de cólera, sin contar con los dramáticos efectos de la actual pandemia de coronavirus, todos los cuales han ahondado su crisis. Pero también lo es que la comunidad internacional ha sido incapaz de cumplir con los objetivos asumidos hace casi dos décadas. Más de diez años de presencia de las fuerzas de Naciones Unidas fueron incapaces de sacar al país de la crisis que forzó su intervención. Y hoy Haití sigue sumido en el caos.

Los dramáticos sucesos del martes pasado pueden ser una nueva oportunidad para que la comunidad internacional responda, corrigiendo los errores del pasado y comprometiéndose efectivamente en la normalización de esa nación caribeña. No hacerlo puede no solo profundizar el colapso institucional de Haití y entregar al país a bandas criminales, sino desatar una crisis humanitaria y una ola migratoria cuyas consecuencias podrían afectar a todo el hemisferio.