Hace casi un año, en estas mismas páginas y a propósito de los resultados preliminares del Censo, me preguntaba si los candidatos presidenciales se harían cargo de la bomba demográfica. Los datos evidenciaban una emergencia silenciosa: envejecimiento acelerado de la población y desplome de la natalidad, un proceso ya en marcha, con efectos económicos y sociales inevitables.

La semana pasada, el INE confirmó lo que ya se intuía: Chile registra la cifra histórica más baja de nacimientos, con menos de un hijo por mujer (0,97) y que en dos años más las muertes superarán a los nacimientos. La estadística es implacable y cierra cualquier espacio para la negación.

Así las cosas, urge promover políticas públicas que permitan una mejor conciliación entre la maternidad y el proyecto laboral de las mujeres, en un mercado del trabajo que sigue penalizando la decisión de ser madre. El “impuesto laboral” a la maternidad se traduce en menor participación, mayor informalidad y trayectorias profesionales truncadas.

Pero reducir la crisis demográfica únicamente a la falta de políticas compensatorias sería incompleto. Existe también una dimensión más subjetiva y cultural, abordada por Catalina Siles en una columna reciente en La Tercera: mientras tener hijos es una de las decisiones más irreversibles que existen, las relaciones de pareja se han vuelto cada vez más frágiles e inciertas, incrementando la cautela -especialmente entre las mujeres- frente a la decisión de tener hijos.

A estas dos realidades -los costos laborales y la liquidez de las relaciones- sumaría una tercera, visible desde hace años en estudios cualitativos: ni el proyecto vital ni la identidad de las mujeres están hoy definidos ni condicionados por la maternidad. Si esto es así, ni compensaciones laborales ni relaciones más estables parecen suficientes para elevar de manera significativa la natalidad.

Es aquí donde el problema baja inevitablemente al terreno de la política. Estos días, la derecha se negó a avanzar en una ley como la de sala cuna universal, que llevaba años de tramitación y sobre la cual existía consenso técnico. Hasta donde se ha sabido, no fue por objeciones de fondo, sino para evitar concederle un triunfo político al gobierno de Boric.

Al mismo tiempo, ha sido el futuro oficialismo el que más ha contribuido a instalar un clima de alarma permanente en torno a la migración, dificultando una discusión seria sobre migración con objetivos demográficos, una herramienta utilizada por países envejecidos para amortiguar este tipo de transiciones.

En pocas semanas más será la derecha la que tendrá el mando del país y, con ello, la responsabilidad de enfrentar esta emergencia adicional con un criterio más pragmático que ideológico. La pregunta ya no es si Chile enfrenta una bomba demográfica, sino si quienes conducirán el país desde marzo estarán dispuestos a hacerse cargo de ella, incluso cuando ello implique costos políticos frente a su base electoral más conservadora. Noticia en desarrollo.

Por Cristián Valdivieso, director de Criteria