Apenas aprobado el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, en diciembre pasado, la diputada Pamela Jiles anunció que ya venía el tercero. En un comienzo, la mayor parte de los parlamentarios lo tomó como una frase sin sentido, pero hoy, pocos meses después, todo indica que una mayoría de ellos está apoyando la iniciativa.

Este episodio es quizá el mejor reflejo de la escasa seriedad con la que está actuando el sistema político en general, pues no hay razones económicas ni sociales que justifiquen seguir erosionando los fondos de pensiones. De hecho, la inminente votación de un tercer retiro ocurre cuando el propio Congreso -luego de arduas negociaciones- acaba de despachar a ley un fortalecido bono a la clase media y préstamos solidarios, entre otros beneficios. El tercer rescate tampoco cumple con la idea de entregar un alivio social, toda vez que la mayor parte de los sectores más necesitados ya no tienen fondos en sus cuentas individuales, producto de los dos retiros anteriores. Los parlamentarios tienen perfecta noción de esto, pero aun así no dudan en apoyarlo y defenderlo.

En este sentido, resulta especialmente preocupante la actitud de los legisladores de la centroderecha. Primero, porque le están siguiendo el juego a aquel grupo que solo busca terminar el sistema de capitalización individual, el que se supone defienden por convicción. Segundo, porque bajo la excusa de no defraudar a sus electores, caen en la misma vereda de sus adversarios y, como lo hizo esta semana la comisión política de RN, le piden al gobierno que no recurra el Tribunal Constitucional y que se haga parte del proyecto. En igual sentido se manifestó el candidato presidencial de la colectividad, Mario Desbordes. Varios parlamentarios de la UDI también se han inclinado por apoyar el proyecto, entre ellos el propio jefe de la bancada de diputados. Todo esto pone en una situación muy incómoda al gobierno, dejándolo en solitario en el intento por detener las malas políticas públicas, aquellas que, como estos retiros, provocarán más daño que beneficios.

Este es solo un ejemplo de un actuar que se está tomando la política chilena. Buscar el aplauso fácil, sacrificando las ideas y objetivos para los que fueron elegidos. La mayor pulsión por apoyar iniciativas tan regresivas pero a la vez “populares” puede estar explicada por la inminencia de las elecciones, donde los parlamentarios privilegian su propia reelección, a costa de los intereses del país. Sin ánimo de hacer ningún sacrificio o correr riesgos, parece un hecho que los legisladores seguirán apoyando cualquier proyecto que no ponga en riesgo sus expectativas electorales. Equivocadamente la clase política piensa que con este tipo de actuar recuperará el prestigio perdido, pero lo que sucederá es justo lo contrario, como ha sido en todos los países que han seguido está estrategia.

Todo esto es señal de que el país está viviendo un momento populista, de escaso apego a la institucionalidad, y con preocupación se observa que la clase política ya no es capaz de ponerse en contra de ello. En la medida que esta es una actitud que cruza transversalmente, parece improbable que esta tendencia pueda revertirse con facilidad, todo lo cual coloca una inmensa carga sobre el riesgo país. Se trata de un problema al que también ha contribuido la propia sociedad, que en una serie de casos ha consentido en que se desplacen los límites institucionales, sin dimensionar las consecuencias de ello.

La buena política es aquella que busca conciliar las necesidades actuales con las futuras, algo que parece haberse perdido en estos días. Chile tiene grandes desafíos por delante y para enfrentarlos requiere un Parlamento que esté a la altura de aquello. Se necesitan políticos con convicción, que sean capaces de defender sus ideas y jugárselas por ellas, en el entendido de que muchas veces aquello les traerá costos en lo inmediato, pero al final serán recompensados, no solo ellos; también el país.