La historia y la evidencia contemporánea, tal como la señalada por la OCDE (2020) en Estudios de Gobernanza Pública, coinciden en que la prosperidad sostenible de las naciones —en particular aquellas en vías de desarrollo— se sustenta en la construcción de marcos normativos legítimos y eficaces, capaces de orientar políticas públicas de largo plazo. En este escenario, la apertura del gobierno entrante a recibir propuestas de asociaciones gremiales en materia de inversión y crecimiento representa un avance inicial, que podría crear las bases para una colaboración estructurada entre el sector público y privado, en línea con los estándares internacionales de gobernanza moderna.

No obstante, esta práctica debe evolucionar hacia un sistema de conducción política de largo plazo, permanente y formalizado, que estructure la interacción entre la administración con el empresariado para la elaboración de políticas regulatorias de la actividad productiva, siempre con el fin de canalizar el dinamismo del sector privado hacia la maximización del bienestar colectivo y el fortalecimiento de la economía nacional.

La calidad y aplicabilidad de una regulación se ve directamente reforzada cuando se incorpora, de manera temprana y sistemática, la visión de los sujetos regulados. Una legislación elaborada en aislamiento, conlleva un alto riesgo de generar normas con deficiencias operativas y altos costos de implementación.

En este contexto, la participación de las empresas a través de sus gremios no debe ser considerada como una instancia de diálogo bien intencionada, sino como un componente necesario para la robustez normativa. El aparato estatal aporta la legitimidad democrática y la perspectiva del interés colectivo; y el tejido empresarial-industrial suministra expertise técnica, comprensión de los mercados y la viabilidad práctica. La convergencia de ambos es lo que permite diseñar regulaciones ad-hoc, coherentes, predecibles y susceptibles de ser cumplidas.

Ahora bien, esta cooperación debe canalizarse de manera estructurada y transparente, evitando dinámicas informales, la influencia indebida y otras prácticas de lobby opacas que erosionan la confianza. Dichas conductas afectan negativamente tanto al ecosistema empresarial como a la sociedad en general, derivando en un deterioro de la reputación del sistema productivo y de sus líderes. La representación gremial institucionalizada en el debate legislativo constituye el mecanismo idóneo para este fin.

Esta colaboración, debe materializarse a través de mecanismos de gobernanza moderna, tales como la participación formal en comités técnicos de redacción, procesos de consulta pública vinculantes y la profesionalización de canales de interlocución como el cabildeo regulado. Estos instrumentos enriquecen al regulador, toda vez que la voz empresarial calificada ayuda a identificar obstáculos prácticos y a esbozar soluciones viables, especialmente en sectores complejos y esenciales para nuestra economía como el energético, tecnológico, minero o financiero, donde el detalle técnico marca la diferencia entre una norma que impulsa la innovación y una que la estrangula.

La propuesta de los gremios en los primeros cien días de gobierno debe evolucionar hacia un sistema permanente. A mediano plazo, constituir mesas de trabajo entre entidades sectoriales y ministerios. A largo plazo, el objetivo es garantizar un espacio vinculante para los gremios en las etapas iniciales de diseño de políticas que impacten la competitividad.

A través de esta cooperación formal, canalizada y transparente, se podrá construir un marco regulatorio que no sea percibido como un obstáculo, sino como un instrumento útil para promover la productividad, la innovación y el crecimiento económico sostenido. La gobernanza moderna exige superar la dicotomía entre Estado y Privado, avanzando hacia un modelo de corresponsabilidad virtuoso.