Es tanto lo que hemos hablado de la modernización del Estado que ya parece cuento. A estas alturas, habría que hablar, de hecho, de una suerte de “posmodernización” estatal: una acumulación de diagnósticos antiguos, tecnologías nuevas y reformas parciales, donde ideas noventeras se entremezclan con propuestas más contemporáneas, especialmente relacionadas con la facilitación de trámites.

Desde el regreso de la democracia ha habido diversas comisiones de expertos sobre la materia. La última fue creada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Centro de Políticas Públicas UC y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Su objetivo es “proponer una Agenda Prioritaria de Corto Plazo para la Modernización del Estado, que contribuya a dar luces al nuevo gobierno respecto a iniciativas viables” que, a juicio de sus responsables, se “pueden emprender en un plazo relativamente breve y en ámbitos acotados de intervención”.

Entre esas iniciativas se cuenta la implementación de un plan de gestión para servicios públicos esenciales; la restitución de la certeza técnica y jurídica en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Más importante, propone una agenda corta para reformar el empleo público, a estas alturas convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el Estado chileno.

Detrás de esas medidas hay una pregunta más básica: para qué existe el Estado. El Estado es un invento humano cuyo objetivo es organizar la vida en común: dar seguridad, administrar justicia, proveer bienes que el mercado no entrega por sí solo y arbitrar los conflictos entre quienes conviven en un territorio. En su versión más básica, existe para que no nos matemos entre nosotros y para coordinar aquello que no podemos resolver individualmente. Por eso se dice que el Estado es el único que puede ejercer la violencia de manera legítima.

Pero no solo eso: el Estado debe intentar garantizar que los ciudadanos accedan a servicios públicos que les permitan vivir con un cierto grado de bienestar. Incluso una comprensión liberal del Estado debería propender a mejorar la calidad de vida de la comunidad, en tanto una buena política pública puede promover la libertad de elección personal y la capacidad de decisión de los individuos. Para que ello ocurra es indispensable, sin embargo, que los roles de la autoridad de turno –por definición acotados– no se confundan con el funcionamiento de largo plazo del Estado.

Es decir, los estados existen para ponerse al servicio de las personas, no al revés. De ahí que un cambio al estatuto administrativo sea tan relevante en la discusión abierta por la comisión citada más arriba. No se trata de comenzar una cacería de brujas contra los empleados públicos. Se trata, más bien, de que los recursos limitados del Estado de Chile se usen donde deben usarse, con funcionarios bien seleccionados, responsabilidades claras y servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Si eso se logra, entonces la discusión bizantina sobre “más o menos Estado” perderá su razón de ser. Habrá veces en que el Estado tendrá que hacerse más presente, y muchas otras en que deberá retirarse, simplificar o dejar de estorbar. Entenderlo así, como parece sugerirlo la Agenda Prioritaria, es condición de posibilidad de cualquier modernización digna de ese nombre.

Por Juan Luis Ossa, historiador e investigador CEP.