La proclama



Por Jorge Burgos, abogado

La proclama que firmaron los 34 convencionales agrupados en “Vocerías de los pueblos” constituye un desafío concreto a la posibilidad de que la Convención Constitucional pueda instalarse y funcionar dentro del estatuto legal que le dio vida. Se trata de un texto de indudables alcances rupturistas, que resumió en 10 consideraciones los slogans con que han venido actuando los grupos más radicales y antisistema, desde la libertad para los “presos de la revuelta” de 2019, pasando por la desmilitarización de La Araucanía y la construcción de un Estado plurinacional, hasta el reclamo de soberanía para un “poder plenamente autónomo para reordenar el cuerpo político”.

El puntapié inicial de los firmantes es que no existen reglas que deban respetarse, puesto que la Convención es depositaria de la soberanía popular y, por ende, puede darse a sí misma las reglas que estime convenientes. Para ellos, el país eligió en realidad una asamblea constituyente con poderes que sobrepasan el actual orden constitucional. De esto se puede, sin exagerar, deducir que los firmantes no parecen estar muy dispuestos a participar en las condiciones establecidas por la reforma constitucional de diciembre de 2019.

Antes de instalarse, la Convención es puesta por algunos en riesgo de complicar severamente su funcionamiento. Si a lo anterior se agregan declaraciones del PC, hechas no hace mucho, en que consignó el rodeo de la Convención como una alternativa cautelar del sentido de los cambios pretendidos por ellos, aumenta el riesgo.

No se puede perder de vista que la Lista del Pueblo es una corriente convencida de la eficacia de las vías de hecho. Comprometidos con la idea de “correr el cerco de lo posible”, no dudarán en acompañar su proclama con actos que podrían poner de nuevo en primer plano el control del orden público.

No nos podemos permitir que la Convención fracase, para ello es esencial que queden claras las responsabilidades, o sea, que el país entero sepa quiénes se empeñan en extremar, en asumir poderes que nadie les ha otorgado. La responsabilidad de los tres poderes del Estado es insoslayable en cuanto a sostener el marco en que se desenvuelve la democracia representativa en nuestro país. Es el pacto del estado de derecho, del resguardo de las disposiciones de una Constitución entre ellas, especialmente las que le dieron vida jurídica a la Convención. Aceptar la postura rupturista es, lógicamente, un camino de imprevisibles consecuencias.

Es hora de poner atajo a equívocos. Solo el respeto incondicional del estado de derecho permite zanjar civilizadamente las diferencias. Quienes mantengan una posición ambivalente en esta materia, no contribuyen a cautelar los fundamentos del régimen democrático.

Enhorabuena un importante número de convencionales ha reprochado -con distintos énfasis- el contenido de esta proclama que inequívocamente propicia el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos a los establecidos en el estatuto constitucional, que les es oponible y que en pocos días más indefectiblemente deberán jurar o prometer respetar.

A propósito de lo anterior simplemente recordar que a los convencionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Carta Fundamental les es aplicable su artículo 60, que establece que cesará en sus funciones aquel que de palabra o por escrito propicie el cambio del orden institucional por medios distintos a los que establece la Constitución.

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