La tarea pendiente de masificar las donaciones

El gobierno ha anunciado recientemente que en marzo enviará un proyecto de ley para simplificar el actual sistema de donaciones, haciéndose eco de una propuesta presentada por varios centros de estudios del país, en la cual proponen converger hacia una sola política general de donaciones.

Una reforma en esta materia se hace indispensable, considerando que actualmente existen del orden de 60 normativas para tratar los aportes que se hagan a causas de beneficencia, donde además se cuentan legislaciones específicas para promover determinados sectores, como es el caso del arte y la cultura, actividades deportivas y educación superior, entre otras, cada una de las cuales posee distintos tipos de beneficios tributarios y especificidades para poder concretar las donaciones. De acuerdo con lo que ha trascendido, los lineamientos principales del proyecto apuntan, entre otros, a unificar la institucionalidad actual en una sola entidad técnica y colegiada a cargo de las donaciones, uniformar los incentivos tributarios siguiendo las mejores experiencias internacionales, favorecer trámites electrónicos y ampliar los aportes a áreas hoy no priorizadas, como medioambiente, salud y DD.HH.

El país debe aspirar a un sistema mucho más simplificado, que además de resultar más comprensible para todas las partes -las dificultades para comprenderlo a cabalidad ya constituyen en sí mismo una traba relevante-, facilite los trámites para quienes quieran donar, así como para las entidades receptoras de los aportes. Ello se debe complementar con mecanismos que permitan una fiscalización eficiente por parte de la autoridad, tal de verificar que efectivamente se cumpla con las exigencias que establece la ley.

En tal sentido, no necesariamente un sistema único para las donaciones sería la respuesta -existen áreas que probablemente seguirán necesitando legislaciones específicas, como es el caso de la educación, o las actividades culturas, enormemente diversas-, pero en cambio sí resulta fundamental que cualesquiera sean los mecanismos para donar, apunten a estos tres objetivos. El proyecto que se ha anunciado es un primer paso, pero solo una vez que se conozcan sus detalles será posible determinar si avanza en esa dirección.

Sería un error, sin embargo, colocar toda la energía en impulsar cambios legales sin atender primero -o en paralelo- a un asunto más de fondo, que es sensibilizar a la población sobre la importancia de que las donaciones formen parte de la identidad de un país. Cuando empresas y personas contribuyen a causas que les parecen valiosas, ello dinamiza la sociedad civil, permite que nuevas iniciativas -en los más variados campos y disciplinas- surjan sin necesidad de depender de los aportes del Estado y es una forma muy efectiva de comprometerse en la tarea de hacer comunidad.

Aun cuando en Chile las donaciones han ido creciendo -si bien han tendido a estancarse en los últimos años, su cuantía no es menor, del orden de $ 160 mil millones por año-, en nuestro medio todavía este acto es visto con recelo por algunos sectores, ya sea porque se asocia equivocadamente a grandes fortunas, o por el hecho de que se entreguen beneficios tributarios a los aportantes, desmereciendo el valor benéfico debido a que parte del aporte ha sido bonificado por el fisco, como forma de incentivar los aportes. Con tales predicamentos se desdibuja que el costo que tiene para los contribuyentes conceder un beneficio tributario se compensa con creces cuando la entidad beneficiada puede a su vez devolver esos aportes a la sociedad mediante la provisión de valiosos bienes públicos, que probablemente de otra manera no estarían disponibles.

La reforma que se avecina deberá revisar si los actuales beneficios tributarios para empresas y personas son susceptibles de perfeccionamiento, pero en todo caso no parece estar allí la principal traba para lograr que las donaciones aumenten. Con todo, el costo fiscal de los beneficios tributarios tampoco es considerable, tomando en cuenta que representa menos del 1% de la recaudación total del fisco.

La reforma anunciada por el gobierno debe ser la oportunidad para discutir mucho más ampliamente las ventajas de la donación y cómo masificarlas, donde ciertamente cabe abrirse a fórmulas mucho más audaces de las que hoy están en estudio. El país debería abocarse a estudiar, por ejemplo, mecanismos como el endowment, de común uso en las grandes universidades del mundo, donde los aportes de privados -sobre todo de exalumnos- conforman grandes fondos que permiten financiar el quehacer de los planteles, sobre todo en la concesión de becas. Notable es el caso de Harvard, con casi US$ 40 mil millones.

También deben estudiarse fórmulas que incentiven más el voluntariado en las empresas -en ello Chile está en rezago a nivel internacional, con menos del 30% de las compañías participando en programas de este tipo, y apenas 20% en el caso de los ciudadanos- y debería fomentarse que empresas y personas encuentren más facilidades para aportar a proyectos que expandan el conocimiento, como por ejemplo investigaciones científicas. Tampoco hay razones para que los aportes para catástrofes naturales se vayan estableciendo caso a caso, y no como una política general, considerando la frecuencia de estos fenómenos en el país.