El gobierno ha estrenado su puesta en escena en materia de seguridad con un comité en el norte del país y una visita a las obras en la frontera con Perú, que tiene al Ejército construyendo una zanja. El Presidente Kast ha llamado a usar “la retroexcavadora para construir un Chile soberano” ya que la construcción de zanjas, hará de nuestro país, uno menos vulnerable a la inmigración “ilegal”. Esta idea no es nueva.

Los muros, barreras o zanjas han sido utilizados desde hace siglos para contener, separar o aislar comunidades. La muralla china, para mantener a los invasores de la actual Mongolia alejados; el emperador Adriano, para establecer distancia con las tribus del norte; más recientes, el muro en la frontera sur de Estados Unidos o la valla de Melilla que separa Marruecos de España.

Con estos antecedentes, cualquier persona podría pensar que los muros, barreras y zanjas, sirven. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar que se sigan construyendo desde los tiempos inmemoriales?

Lamentamos traer malas noticias: los muros, barreras y zanjas, no sirven para detener los flujos de movilidad humana. La evidencia en este sentido es abrumadora. Si bien, estas pueden traer una reducción temporal de los flujos, los estudios en la materia confirman que no se trata de políticas efectivas para reducir la migración irregular. En cambio, suelen ser políticas integrales, con un abordaje sistémico y de cooperación internacional, las que permiten su reducción.

Entre 2022 y 2025 la migración irregular en Chile bajó en un 50% y no precisamente por la construcción de zanjas o vallas. Fue el trabajo coordinado y con inteligencia entre policías y Fuerzas Armadas y una fuerte inversión pública lo que permitió resguardar de mejor manera las fronteras. A ello se suman las coordinaciones con países limítrofes y otros factores exógenos, que no tienen que ver con lo que Chile haga o deje de hacer.

Es comprensible que, en la lógica política, se busque dar carácter de espectáculo a este tipo de medidas. Sin embargo, el impacto de estos anuncios es cercano al cero cuando se trata de frenar los flujos migratorios o de resolver la falta de documentos de las personas migrantes.

Sobre esto último, el actual gobierno tiene un desafío por delante. Con más de 180 mil migrantes empadronados y buscando regularizarse en Chile, la verdadera prioridad debería ser la de atajar y disminuir la irregularidad crónica que padecen estas personas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, según el informe elaborado por porCausa-Chile en 2025, una regularización generaría beneficios netos para el Estado chileno de unos 85 millones de dólares, equivalentes al 0,026% del PIB nacional.

Si nos tomamos en serio la migración irregular, su atajo y encauzamiento, la política pública prioritaria en este sentido debiera reorientarse. El gobierno tiene una posibilidad real de asumir esta tarea con inteligencia y conveniencia para los intereses de Chile y de los migrantes que viven acá.

Por Macarena Rodríguez y Tomás Pascual, académicos de Facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado