Las dudas que deja la COP27

La Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27), celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto, convocó a los 198 países bajo el lema de “Juntos para la implementación”. El objetivo era comprometer acciones concretas y coordinar esfuerzos que permitan avanzar en pos del gran objetivo fijado en el Acuerdo de París en 2015, de evitar que se incremente la temperatura del planeta sobre 1,5°C a fin de siglo respecto de los niveles preindustriales, meta que plantea un gran reto, por cuanto la emisión de gases de efecto invernadero se incrementa y el alza de la temperatura ha avanzado. La gravedad de la situación queda graficada en el discurso de apertura del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde aseguró que “la humanidad tiene que tomar una decisión: cooperar o perecer. Es o bien un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo”.

Sin embargo, y a pesar de la urgencia, la declaración final llegó en la prórroga del desarrollo de la Cumbre y con acuerdos que no permiten avizorar un camino claro. Lo más destacado es sin duda el anuncio de la creación de un fondo de compensación por pérdidas y daños, algo que naciones que perciben los efectos directos del cambio climático desde hace décadas vienen demandando. No obstante quedan dudas en relación a cuál será el monto, cómo se financiará, quiénes aportarán los fondos y qué criterios determinarán los países beneficiarios, entre otras interrogantes. Un desafío importante si se quiere comenzar a aplicar en un plazo prudente, más aún teniendo a la vista el antecedente del acuerdo de Copenhague de 2009 sobre el fondo de US$ 100.000 millones anuales que los países más ricos aportarían a partir de 2020 a países más pobres para enfrentar el cambio climático, algo que ha quedado lejos de alcanzarse.

Por otra parte, el escenario económico futuro hace aún más complejo el panorama. Los países siguen sufriendo los efectos que dejaron las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del Covid, que se tradujeron en una contracción de la actividad y en una creciente inflación. Además, han debido enfrentar las consecuencias de la guerra en Ucrania -cuyo fin no se avizora-, que ha traído restricciones en la disponibilidad de recursos energéticos en Europa. Todo ello fija urgencias e impone cargas adicionales a los países, que pueden condicionar que se cumpla eficazmente con la contribución acordada.

Sin perjuicio del aporte financiero, ciertamente necesario para apoyar medidas de reconversión económica e introducción de tecnología que permita reducir emisiones y enfrentar consecuencias -daños y deterioros- del cambio del clima en países que requieran de esa ayuda, lo fundamental serán las acciones que tomen los grandes emisores, particularmente las cinco naciones responsables del 50% de las emisiones de CO2 . En la medida que no existan objetivos claros y compromisos serios de adecuar sus políticas internas de manera que se traduzcan en limitaciones reales a las emisiones en esas economías, y dentro de plazos razonables, es muy difícil que se pueda alcanzar lo acordado en París la década pasada.