A pesar del ambiente pacífico en el que se desarrolló, no se puede ser testigo del desalojo de la toma en terrenos de la familia Correa en Quilpué sin pensar en el drama humano involucrado. Por lo mismo, y pensando en evitar estos infortunios en el futuro, hay que sacar lecciones.

La primera de ellas es que la vida en ciudades y territorios, en un Estado de Derecho, se rige por reglas, y si todos debemos cumplirlas, con mayor razón debe hacerlo el Estado. Aquí, la restauración de la legalidad vulnerada no fue espontánea: las autoridades actuaron solo luego de tener una sentencia condenatoria y una denuncia ante Contraloría General de la República, y después de constatar que casi todo Chile (84% de los 1.200 encuestados por Panel Ciudadano-UDD) respaldaban los ruegos de Valentina Correa, como vocera de su familia en el largo peregrinaje para obtener justicia y respeto a la ley.

La segunda lección es que las señales de la autoridad deben ser claras. Siendo candidato, el Presidente Boric anunciaba que no desalojaría mediante fuerza pública. En 2022 el ministro Montes señalaba que “hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños”. Todos estos mensajes confusos alientan nuevas tomas, confunden roles, y crean expectativas falsas en los habitantes de las tomas.

La tercera lección es que estirar al máximo el cumplimiento de lo que debe hacerse prolonga la agonía de pobladores y de los dueños del suelo. Los 5 años de inacción del Estado en este caso no sólo vulneran el derecho de propiedad de la familia Correa, sino también la igualdad ante la ley, el interés público de que las ciudades se construyan respetando el derecho urbanístico e infligen un profundo daño emocional a los propietarios y a la sociedad. Pero algo parecido ocurre con las personas que vivían en el predio, que debieron haber recibido rápidamente la señal de que la solución a sus problemas de vivienda se buscaba por la vía institucional, y no por la fuerza.

Vienen otros casos: la Corte de Apelaciones de Valparaíso acaba de decretar que se cumpla la solicitud de desalojo de la toma de San Antonio. La sensación de abandono y la percepción de que los derechos de las víctimas y de la ciudadanía importan menos que los supuestos costos políticos de acciones de prevención y solución temprana de las tomas de terreno, son heridas que tardarán en sanar, y exigen una reflexión profunda sobre la necesidad de que el Estado sea un garante proactivo del respeto al ordenamiento jurídico y urbanístico en resguardo de los derechos de sus habitantes, y actúe sin necesidad de que una sentencia o la Contraloría le recuerden lo que debe hacer.

Lo que vimos esta semana marcó un punto de no retorno. La restauración del imperio de la ley lograda tras la lucha de Valentina Correa y su familia nos recuerda que la defensa de las víctimas y el respeto a la ley no son una cuestión de ideologías, sino de justicia, y que no hay nada más justo en una democracia que cumplir las reglas que hemos acordado.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor de la UC, y Jeanette Bruna, abogada de la Familia Correa