Por tercer año consecutivo, sin crisis mediante, se incumplió la meta de balance estructural, superando en más de 3 veces lo inicialmente comprometido. Pasadas las reacciones iniciales, es un buen momento para repasar algunos hechos y preguntarnos qué lecciones podemos sacar para que no se repita en el futuro.

A los que seguimos diariamente el curso de la política fiscal, solo nos resta remitirnos a los hechos y los datos. Por eso, abusaré de los informes de finanzas públicas (IFP) y de los reportes periódicos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

En particular, el problema comenzó con un error grave en la estimación de ingresos en septiembre de 2023, cuando se presentó ante el Congreso el presupuesto de 2024. Debido a rectificaciones tardías, estos errores se fueron acumulando con el tiempo, lo que derivó en brechas de estimación de US$4.500 millones en 2024 y de US$7.500 millones en 2025.

En ambos años, si había un “momento estelar” en el que el ministro de Hacienda debía ratificar el cumplimiento de la meta o bien sincerar todas las desviaciones de ingresos y/o gastos, era al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto ante el Congreso, a fines de septiembre.

Por ejemplo, el CFA le había advertido al ministro de Hacienda, el 29 de agosto de 2024, un mes antes de presentar el presupuesto, que los ingresos podrían ser inferiores en hasta un 1,2% del PIB. Pero un mes después, al momento de presentar el presupuesto, Hacienda corrigió a la baja los ingresos efectivos en tan solo 0,1% del PIB, mientras que los gastos se mantuvieron como porcentaje del producto. El resultado, solo tres meses después, fue una brecha negativa de 0,9% del PIB en ingresos estructurales, similar a la advertencia del CFA.

¿Qué hubiera ocurrido si la corrección de ingresos se hubiera realizado al momento de presentar el presupuesto 2025? Bueno, el nivel de gasto para 2025 habría quedado sin margen para crecer para ser compatible con la meta de balance de -1,1% del PIB.

Durante el año 2025 y en la presentación del presupuesto 2026, podríamos decir que este modo de operar, coincidencia o no, se repitió casi de forma literal. Los ingresos fiscales de 2025 cerraron el año un 1% del PIB por debajo de lo estimado, apenas 90 días antes. Nuevamente advertido por el CFA en agosto de 2025. Mientras que los ingresos para el 2026 se corrigieron en un 0,9% del PIB. Si se hubieran ajustado los ingresos al momento de presentar el presupuesto 2026, el gasto debió reducirse para mantenerse alineado con la meta.

Esa fue la cronología de un “incumplimiento anunciado”, porque las señales estaban a la vista en los escenarios centrales de los IFP y en las advertencias reiteradas del CFA y, sin embargo, la política fiscal se condujo sin una corrección oportuna y proporcional.

Las lecciones son bastante evidentes:

(1) Realismo en la estimación de ingresos y metas: la meta fiscal exige proyecciones prudentes. Si los ingresos estructurales se sobreestiman, el gasto queda automáticamente fuera de la trayectoria. Las metas deben ser exigentes pero alcanzables, para mantener la credibilidad de la regla.

(2) Corrección oportuna: el momento de sincerar los desvíos no es “tres meses después”, sino al presentar el presupuesto y en cada IFP, con medidas proporcionales y verificables.

(3) Consecuencias y rendición de cuentas: sin costos por incumplir, ya sean políticos, institucionales o procedimentales, la regla se debilita y su compromiso futuro, queda a la “buena voluntad” del próximo ministro de Hacienda.

La única buena noticia para nuestras finanzas públicas es que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha declarado que sí le preocupa y le ocupa cumplir las metas, lo que permitirá recomponer la credibilidad perdida de nuestra institucionalidad fiscal.

(El autor es académico de la U. de los Andes e investigador del Instituto Libertad)