Ley antidiscriminación

La Ley Zamudio necesita reformas de acuerdo a diversas organizaciones. Foto referencial.




SEÑOR DIRECTOR

En su carta de ayer, Jorge Lucero, de Fundación Iguales, responde a mi última carta respecto al proyecto de reforma a la Ley Zamudio, acusando que intento “desinformar”, valiéndose de una burda tergiversación para ello: jamás he dicho que la reforma “busca asegurar una condena a quien ha sido demandado”; sí –en cambio– a este respecto he dicho que se altera la carga de la prueba, siendo el demandado quien debe justificar su actuar.

Efectivamente –y no lo he negado– este proceder no es nuevo, pero la propuesta de la reforma no se identifica, sin más, con la regulación existente en material laboral y sí impone un nuevo paradigma: toda distinción (e incluso preferencia) basada en categorías protegidas (y bien sabemos cuáles serán más protegidas que otras: basta comprobar quiénes promueven y defienden el proyecto) es considerada arbitraria, salvo que el demandado pruebe lo contrario, eliminándose la justificación razonable fundada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental.

La injusticia de aquello, sumado a los graves defectos técnicos del proyecto (expuestos en abundancia por expertos durante su tramitación) confirman que el fin no justifica los medios, junto a la paradoja habitual de la acción afirmativa de carácter ideológico: para erradicar la discriminación arbitraria –fin que todos compartimos– se impone por ley que unos son más “iguales” que otros.

Daniela Constantino

Equipo Legislativo, Comunidad y Justicia

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