“Ley Celis”: grave daño a la imagen del Congreso

Al legislar sobre la marcha para que una serie de candidaturas se puedan inscribir pese a que fueron rechazadas por incumplir requisitos legales, los parlamentarios muestran una profunda desconexión con el país, y escaso aprecio por cuidar la imagen del Congreso.



En menos de 15 minutos, la sala del Senado aprobó un proyecto de ley “express” presentado por un grupo de senadores del PS, PPD y la DC, con el fin de autorizar excepcionalmente la inscripción de varios candidatos a diputados, cuyas candidaturas fueron rechazadas por el Servel debido a que incumplieron uno de los requisitos que para estos efectos establece la legislación, específicamente lo referido a la obligación de acompañar una autorización al director del Servel para abrir la cuenta bancaria que exige la ley electoral.

La norma abarca tanto las candidaturas a consejero regional, diputado o senador, pero por lo visto solo serán estos postulantes a la Cámara Baja -donde figuran candidaturas de distintos sectores políticos- sus directos beneficiados. Entre ellos se cuenta el actual diputado del PPD Ricardo Celis -de allí que el proyecto se haya motejado como “Ley Celis”-, cuya candidatura había sido rechazada precisamente por haber incumplido con este requisito. Una iniciativa similar había sido presentada en la Cámara de Diputados, la que no logró prosperar debido a que no alcanzó el quórum suficiente. Con ello el proyecto había quedado archivado, pero en el Senado se optó por reponerlo, introduciendo algunas modificaciones al texto original.

Era previsible que una legislación que carece de todo pudor y que busca principalmente beneficiar a los propios partidos políticos generaría fuerte rechazo ciudadano. Por cierto, varias voces han hecho ver que en el Congreso duermen o han sido objeto de lentas tramitaciones proyectos de enorme relevancia para el país -tal es el caso, por ejemplo, de la reforma al sistema previsional-, pero que cuando se trata de aspectos que tocan los intereses de la clase política entonces la celeridad campea, incluso si ello implica debilitar aún más la imagen del Congreso, que hoy figura entre las instituciones que menor confianza despierta en la ciudadanía.

No es difícil imaginar que con ejemplos tan irresponsables como éstos la negativa valoración hacia el trabajo legislativo -y la actividad política en general- se verá ampliamente confirmada, y es lamentable que los propios parlamentarios no calibren el daño que se provocan a sí mismos y a las instituciones fundamentales de la democracia. En tal sentido, es grave que el Congreso aparezca tan desconectado de la sensibilidad que hoy recorre al país, cada vez más recelosa de las malas prácticas políticas o respecto de los conflictos de interés.

Además del daño a la reputación del Congreso, también se están consagrando complejos precedentes en el plano institucional. Cabe no perder de vista que las candidaturas fueron desestimadas por el Servel, decisión que fue confirmada por el Tribunal Calificador de Elecciones; es decir, se busca abiertamente dejar sin efecto fallos de la justicia electoral, debilitando así el rol de las instituciones. Los impulsores de la iniciativa se escudan en que los tribunales electorales no han tenido criterios uniformes para tratar casos similares, pero entonces lo que correspondería es perfeccionar la legislación con el objeto de fijar mejor los criterios de cara a los futuros procesos, pero no hacer un cambio sobre la marcha que rige solo para estos comicios.

También resulta muy equívoco justificar este proyecto aduciendo que una candidatura no se debe “bajar por secretaría”, porque con ello se da a entender que hacer cumplir los requisitos formales que establece la propia ley es injusto y equivalente a provocar un daño, razonamiento que resulta inaceptable.

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