SEÑOR DIRECTOR

Fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados la Ley de Integración Social y Urbana, con un muy amplio respaldo. Ella se promulgará cuando Chile enfrenta un enorme déficit habitacional, que en muchas ciudades ha alcanzado características humanitarias sin precedentes.

Solucionar este problema tardará muchos años y posiblemente varios gobiernos. Pero a la conclusión que se ha llegado, luego de tres años de discusión legislativa con muchos actores -incluido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano-, es la necesidad de un mayor protagonismo del Estado. En efecto, esta Ley parte por establecer la obligación para los planes reguladores de incorporar disposiciones normativas para asegurar la integración social y con ello el acceso a la vivienda. Además, fortalece las capacidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para adquirir terrenos para proyectos habitacionales y crea los planes de regeneración urbana para facilitar los cambios normativos que sean necesarios para permitir la construcción de conjuntos de viviendas en coordinación con las comunidades y comités.

Pero también se hace cargo de la urgencia habitacional que vivimos, mandatando la implementación de un Plan de Emergencia Habitacional para todas las ciudades, que deberá elaborar el Minvu a partir del primer semestre de 2022.

El desafío que enfrentarán las nuevas autoridades es grande: no solo deberá reducir el déficit habitacional, sino, además, hacerlo con integración social, con buenos barrios con acceso a servicios y parques. Esta Ley no será una solución mágica para el problema, pero es un avance importante, que hace ver el futuro de las ciudades con un poco más de optimismo.

Sergio Baeriswyl

Pdte Consejo Nacional de Desarrollo Urbano