SEÑOR DIRECTOR
La lectora Francisca Figueroa en su reciente carta cuestiona la aprobación de lo que denomina como Ley de Salud Mental por ser deficiente desde una perspectiva de derechos humanos.
No ha comprendido el sentido ni el alcance de la ley.
La nueva norma, que propuse junto a la diputada Marcela Hernando, reconoce y garantiza por primera vez el derecho a la integridad física y psíquica y a la libertad personal de las personas con enfermedad mental y/o discapacidad psíquica o intelectual. Gracias a ella, no será posible realizar intervenciones irreversibles como esterilizaciones o psicocirugías, sin el consentimiento de los pacientes, ni llevar a cabo hospitalizaciones involuntarias sin el control de los tribunales de familia. Ambas materias han sido recomendaciones permanentes de organismos internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, la ley incorpora además el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser informados y escuchados para decidir procedimientos terapéuticos sobre ellas o ellos.
Es cierto que queda mucho por hacer. Las facultades de que disponen los parlamentarios no nos permitían ir más allá. Pero no habría tenido justificación evitar avanzar allí donde era posible. Resguardados los derechos hoy asegurados, bienvenida sea la profundización de un debate necesario sobre la protección de la salud mental de la población.
Sergio Espejo Yaksic
Abogado y exdiputado
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