SEÑOR DIRECTOR:
La situación que hoy se vive en Aysén refleja muy bien el problema que el país está enfrentando a causa de una ley bien intencionada, pero mal diseñada y peor implementada.
El próximo jueves 29 de febrero se reunirá la Comisión regional de uso de borde costero para pronunciarse frente a las solicitudes de dos espacios costeros marítimos de pueblos originarios en Cisnes e Islas Huichas, al alero de la llamada “Ley Lafkenche”. Se trata nada menos que de ceder la administración de más de 600 mil hectáreas a menos de 60 personas.
Esta situación ilustra bien lo que está ocurriendo en buena parte del territorio marítimo del sur del país y los perjuicios que ello conlleva para las comunidades. Hoy suman más de 100 las solicitudes de espacios costeros marítimos de pueblos originarios, las que cubren cuatro millones de hectáreas. Lo anterior tiene un efecto práctico brutal, puesto que paraliza cualquier actividad productiva, sea esta grande o pequeña.
La contraposición de intereses es evidente, privilegiando en forma desproporcionada a grupos de pueblos originarios que dicen tener derechos consuetudinarios en amplísimos espacios, en desmedro de otras comunidades que también requieren hacer uso del territorio marítimo para su subsistencia o para el desarrollo de proyectos de inversión. La mera solicitud genera un largo proceso de evaluación a través de distintos servicios públicos que toman varios años y no necesariamente aplican criterios objetivos. Ello conlleva importantes restricciones al desarrollo de actividades tan extendidas como la pesca artesanal, el turismo, la acuicultura, la actividad portuaria y forestal, así como el desarrollo de infraestructura. Aun más grave es que, así como hay intereses genuinos, también existen tras estas solicitudes intenciones de bloqueo a actividades que son el corazón productivo del sur de Chile.
La gran conflictividad social que se aprecia a pocos días de la votación en Aysén no es un hecho aislado. Los problemas derivados de la Ley Lafkenche han sido largamente identificados y urge una modificación de la misma. Actualmente, se está revisando la aplicación de la norma en el Senado y en la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Es de esperar que se avance para corregir el rumbo o tendremos que presenciar cómo el problema se extiende también al centro y norte del país.
Susana Jiménez Schuster
Vicepresidenta CPC
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