Por 75 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un controvertido proyecto que busca sancionar con cárcel la justificación, aprobación o negación de los crímenes contra los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990, consignados en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o la Comisión de Prisión Política y Tortura, entre otros.

Aun cuando el proyecto es confuso en sus alcances, pues el delito quedará configurado en la medida que “se perturbe el orden público o se restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos”, no cabe duda que el solo hecho de que una iniciativa así esté avanzando en su tramitación legislativa reviste especial gravedad, pues se cierne como una amenaza directa hacia la libertad de expresión, un principio angular de toda democracia, al punto que ésta no podría entenderse sin la libre circulación y confrontación de ideas.

No cabe perder de vista que cuando se afecta la libertad de expresión, en realidad no solo se daña a un individuo en particular, sino al conjunto de la sociedad, pues tal garantía no se refiere solo a poder emitir opiniones, sino también al derecho que tiene la sociedad de obtener y recibir información, en su más amplio espectro. Amparar este derecho supone aceptar que también habrá opiniones repudiables y que la forma de combatirlas es justamente permitiendo que en la propia esfera pública dichos puntos de vista sean conocidos y contrastados. Por lo mismo, pretender ejercer un control de las opiniones a través de la herramienta penal es una forma abusiva de imponer determinadas visiones o de cancelar la deliberación, llevando a la autocensura o a la coerción, que es la negación misma de una sociedad libre.

Los países que han establecido algún tipo de legislación para sancionar el “negacionismo” son escasos, y en general lo han hecho frente a situaciones que han representado una tragedia para la humanidad, como el holocausto, o ante ideologías que incitan al odio. Las sociedades no pueden renunciar a formar conciencia sobre la importancia de proteger los derechos humanos y repudiar con fuerza cualquier violación a los mismos. Pero dicha tarea no debe confundirse con la pretensión de establecer “verdades oficiales” o castigar a quienes se oponen a ellas, sino que debe lograrse mediante la formación cívica o la preservación de la memoria. En esto último Chile ha dado pasos significativos, al punto que ya son muy aislados los grupos que justifican las violaciones a los derechos humanos.

Insistir en una legislación como la propuesta colocaría a nuestro país en un peligroso derrotero, donde ciertos grupos se pueden sentir con el derecho de impedir la libre expresión de otros, lo que puede derivar con facilidad en una espiral de censura en los más diversos ámbitos. Acertadamente la propia Relatoría para la Libertad de Expresión dependiente de la Comisión Interamericana de DD.HH. ha rechazado el proyecto de “negacionismo” -también lo ha hecho con especial fuerza Human Rights Watch-, por estimarlo contrario a los principios inherentes a la libertad de expresión. El Senado tiene ahora la responsabilidad de impedir que una legislación de esta naturaleza se haga realidad.