SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la respuesta de ONG FIMA a mi carta sobre litio, vale la pena hacer unas precisiones vitales para entender el problema.

La propiedad estatal de un recurso natural o de las empresas que lo explotan no significa una mayor responsabilidad socioambiental como se da a entender y se quiere hacer creer. La contaminación de la Bahía de Chañaral y de la localidad de Paipote en Copiapó, o la situación de Quinteros-Puchuncaví son prueba de ello. Tampoco garantiza una política industrial exitosa, como lo ha demostrado la experiencia chilena en diversas áreas de la economía.

La concesibilidad de una sustancia mineral no se traduce en una explotación salvaje y desregulada. Si hay una industria que ha mostrado consistente y sostenidamente incrementar sus estándares ambientales es precisamente la minería. Además, son numerosos los casos en que el sistema de evaluación ambiental no autoriza un proyecto, o en que sentencias de tribunales paralizan o hacen inviable un proyecto, incluso con calificación ambiental favorable

En otras sustancias concesibles, Chile ha logrado ser líder no solo en producción, sino que también en desarrollo de capital humano. Quizás el cobre es el mejor caso: los técnicos, profesionales y procesos desarrollados en Chile son muy bien valorados en otros países y han permitido una exportación no tradicional de servicios asociados a la minería. Esto también es valor agregado.

Las proyecciones internacionales comienzan a señalar que China, cuarto país en reservas de litio a nivel mundial, desplazaría a Chile como segundo productor mundial en 2026, y que Argentina, tercero en reservas, superaría en 2030 la producción de Chile. Si alguien considera que esto no es perder la oportunidad, al menos estará de acuerdo en que es una gran paradoja: Chile tiene las mayores reservas mundiales de litio y no lidera en explotación, y en los próximos años arriesga perder su actual posición.

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos del Instituto Res Publica