SEÑOR DIRECTOR

En las últimas semanas ha sido objeto de debate las competencias de la Convención Constitucional. En tal sentido han surgido legítimas dudas respecto de si tiene o no atribuciones para formular declaraciones o peticiones. Si bien la libertad de expresión y el derecho a formular peticiones a las autoridades son derechos esenciales en el sistema constitucional y democrático que nos rige, no debe perderse de vista de que se trata de derechos individuales, y que los órganos del Estado, como la Convención, carecen de derechos. En efecto, estos cuentan con atribuciones y competencias que les son otorgados expresamente por la Constitución y las leyes, regla que proviene de la Constitución de 1833 y ha perdurado hasta nuestros días, y es piedra angular del estado de derecho en Chile.

La Convención es un órgano estatal de gran relevancia, al que corresponde ni más ni menos la enorme tarea de redactar un nuevo texto constitucional. Se trata de una labor ardua, en la que los convencionales deberán estudiar, escuchar y dialogar respecto de los elementos esenciales que debe contener toda constitución: la estructura del estado de derecho, la forma de gobierno y la de Estado, y los derechos y libertades. Como se comprenderá, este trabajo requiere de una enorme inversión de tiempo y de compromiso de parte de quienes conforman la Convención. Por eso es importante ir corrigiendo algunos errores que se han cometido en sus primeros días de funcionamiento, lo que pasa por asumir que, como órgano del Estado que es, solo puede ejercer las facultades para las que fue creado.

Aquello permitirá que la Convención se enfoque desde ya en el cumplimiento del mandato para el que fue creada. El plazo que se le ha otorgado es de nueve meses, ampliables por otros tres más. Alcanzar el resultado esperado requiere que a la brevedad se cuente con el reglamento que regulará los detalles de su funcionamiento, a fin de empezar con prontitud la redacción de los preceptos del nuevo texto constitucional.

Todos deseamos que el trabajo de la Convención sea exitoso, y que el proyecto de nueva Carta Magna sea acorde a los desafíos que implica fortalecer el estado de derecho, la democracia y los derechos y libertades fundamentales.

Marcela Peredo Rojas

Profesora de Derecho Constitucional Investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes