Cada verano, cuando miles de personas se desplazan dentro del país, los aeropuertos dejan de ser un detalle logístico y pasan a formar parte del viaje en sí mismo. Las condiciones de espera, la organización de los flujos, la información disponible y la manera en que se enfrentan imprevistos exponen, con especial nitidez, cómo se gestiona una pieza clave de la conectividad del país.

En Chile, estas diferencias no son circunstanciales. Responden a una brecha estructural entre terminales operados bajo el sistema de concesiones y aquellos administrados directamente por el Estado. El contraste entre Temuco y Osorno resulta especialmente ilustrativo.

Los aeropuertos concesionados operan bajo contratos que fijan estándares, plazos e incentivos claros. La construcción, ampliación, mantención y operación forman parte de un mismo esquema, con responsabilidades específicas y consecuencias ante incumplimientos. Si bien ello no garantiza perfección, sí permite dar una lógica de continuidad y previsibilidad de la gestión, evitando que dichas mejoras dependan de ciclos presupuestarios o procesos administrativos extensos.

El terminal aéreo de Temuco es un buen ejemplo de esta lógica. Tras la relicitación de su segunda concesión, se inició un nuevo periodo que considera infraestructura preparada para recibir más pasajeros, incorporar nuevos servicios y elevar el estándar actual, todo ello con un horizonte de largo plazo. Esto se traduce en instalaciones con capacidad de expansión, programas de mantención permanentes y una mejor respuesta frente a escenarios de alta demanda, como temporadas de vacaciones, fines de semana largos o frente a eventos climáticos adversos.

Osorno nos muestra la otra cara de la moneda. Su aeropuerto, administrado por el Estado, presenta limitaciones evidentes en infraestructura, que inciden directamente en la experiencia de los usuarios. La dependencia del sobrecargado presupuesto fiscal, la fragmentación de responsabilidades y los tiempos propios de la inversión pública dificultan responder con agilidad frente a una demanda creciente y cada vez más exigente.

Este contraste se vuelve especialmente visible cuando hay vuelos retrasados o cancelados. Si bien las causas suelen ser externas al terminal, el entorno en el que se enfrenta la contingencia resulta clave. Espacios adecuados, servicios suficientes e información clara y oportuna permiten amortiguar el impacto de una demora; su ausencia, en cambio, amplifica la frustración.

La discusión de fondo no es ideológica ni administrativa, sino estratégica: qué modelo permite sostener niveles adecuados de inversión, mantenimiento permanente y ofrecer estándares consistentes a lo largo del tiempo. En un país tan extenso como el nuestro, descentralizado y altamente dependiente de la conectividad aérea, los aeropuertos deben ser entendidos como infraestructura pública crítica.

Quienes viven en Osorno necesitan y merecen contar con un terminal acorde a las exigencias actuales y a la relevancia de la conectividad para el desarrollo regional. La distancia entre uno y otro modelo no debiera traducirse en desigualdades territoriales.

Este verano, cuando muchos vuelvan a comparar salas de espera, filas y servicios, el contraste entre Temuco y Osorno debería servir como recordatorio: la calidad de la infraestructura no es un lujo, es una condición esencial para el desarrollo de Chile y para una política pública moderna y responsable.

Por Loreto Silva, socia ESYF Abogados y ex ministra de Obras Públicas