Tuve el honor de integrar el grupo de economistas que durante 18 meses se reunió periódicamente para consensuar propuestas de política económica orientadas a retomar la senda del crecimiento en Chile. En esta columna quiero compartir algunas ideas que, a mi juicio, atraviesan el documento.

“El Puente” es más que un título atractivo. Es un símbolo del trabajo realizado. A través de la unión de miradas diversas, construimos una estructura capaz de ayudarnos a superar el estancamiento y volver a crecer. Esa fue, para mí, la primera gran lección: sí es posible. Las sesiones fueron muchas y a veces las posiciones distantes, pero logramos alcanzar acuerdos relevantes -mínimos comunes- en los temas que nos propusimos abordar. Uno de los consensos fue respecto de los principios fundantes de la propuesta: valoración de la democracia, el rol del Estado y respeto a la propiedad privada, entre otros.

Destaco especialmente el llamado a retomar la focalización en la política social, en oposición al enfoque de universalidad que ha primado en los últimos años. Esto se refleja, por ejemplo, en la propuesta de extender la subvención escolar a la educación parvularia, financiada mediante una revisión de la política de gratuidad en la educación superior. Esta medida no sólo tendría impacto en el desarrollo cognitivo infantil, y por lo tanto en el crecimiento de largo plazo, sino que también concentra los recursos en el grupo etáreo con mayor incidencia de la pobreza. En la misma línea, se propone un giro en el diseño de la política social, desde un conjunto numeroso de programas pequeños, muchos de ellos ineficientes y con baja efectividad, hacia un diseño con un mayor énfasis en transferencias monetarias –el impuesto negativo a los ingresos laborales o INI Laboral, en que los beneficios se entregan y se retiran de manera gradual, desincentivando así el ocultamiento de ingresos para no perder los beneficios. No se trata entonces solamente de cuánto gasta el Estado, sino también de cómo y en qué lo gasta.

Otro eje relevante del documento es la preocupación por la informalidad laboral, que hoy afecta a cerca del 30% de las personas ocupadas, en su mayoría pertenecientes a sectores de menores ingresos. En este ámbito, se proponen medidas como el ya mencionado INI Laboral, una nueva política de sala cuna y un rediseño de la indemnización por años de servicio, aplicable a todo evento.

Finalmente, se reconoce que el crecimiento no depende sólo de las políticas económicas. El funcionamiento del Estado y el respeto a la institucionalidad también cumplen un rol decisivo al establecer y hacer cumplir las reglas del juego. Así, es indudable que la excesiva duración de la tramitación de los permisos -la permisología- y la poca certeza en torno a la posibilidad de concretar los proyectos, aun contando con los permisos correspondientes -la “in”certeza jurídica-, desincentivan la inversión. A ello se suma, un sistema político que dificulta la construcción de acuerdos. El desafío del crecimiento es, entonces, multidimensional y debiera convocarnos a todos.

Por Soledad Arellano, vicerrectora académica y de Investigación UAI