SEÑOR DIRECTOR

El 2004, la investigadora de la industria farmacéutica (IF) Dra. Marcia Angell (U.Harvard), en su libro “The Truth About the Drug Companies” derrumba tres mitos:  que el precio de los fármacos se relaciona con su valor, que los costos en investigación/desarrollo(I&D) son inmensos, y que el público es el beneficiario de estos logros del sistema de libre mercado.

Angell mostró que el gasto en I&D es marginal versus marketing y administración, y muchísimo menor que las ganancias; que la IF no “descubre” nuevas drogas, las desarrolla y comercializa; y que el conocimiento que la IF patenta (obteniendo largos periodos de monopolio, beneficios de impuestos, lucro garantizado) fue generado con fondos públicos. Concluye que, por estos privilegios, por la importancia para la salud pública y porque el Estado es el principal comprador, la IF debiera considerarse de utilidad pública.

En las vacunas es más evidente aún, conocimiento generado en universidades con fondos públicos y décadas de trabajo y no por la IF. Ejemplos abundan: polio, 1930 a 1953, universidades de New York y de Pittsburg; la vacuna contra el virus papiloma humano 1992, Instituto Nacional de Salud (NIH-USA), quienes transfirieron los derechos a la IF (Glaxo y Merck), la que rápidamente condujo los estudios de fase 2 y 3, comercializándola con grandes beneficios. El precio fijado por ambas IF fue 100 dólares/dosis, por presión internacional (OMS, Fundación Gates) cobran 5-14 US$/dosis.

El conocimiento en vacunas Covid-19 RNAm fue financiado por NIH desde 1990, transfiriéndose en 2020 junto con enormes recursos económicos a la IF (Pfizer y Moderna). Lo anterior avala el liberar el pago de patentes en esta pandemia.

Catterina Ferreccio

Profesora de Epidemiología

Pontificia Universidad Católica de Chile