SEÑOR DIRECTOR

En el contexto de un año electoral donde, por un lado, hay dudas respecto de que la actual administración llegue a concretar sobre una reforma policial y, por otro, candidatas y candidatos hablando de la necesidad de modificar las mallas curriculares de las policías, y que incorporen los derechos humanos, cabe recordar que tanto el Plan Pública Seguridad para Todos (2014-2018) como el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (julio 2018) contemplaban entre sus objetivos la revisión de las mallas curriculares policiales; es decir, nada nuevo en cuanto a propuestas.

Lo esencial de un proceso de esa magnitud es verificar el qué, el cómo y el quién enseña materias tan sensibles como el respeto irrestricto a los derechos humanos que deben tener los funcionarios públicos, especialmente aquellos que gozan del uso exclusivo de la fuerza.

Nuestros policías no deben ser solo expertos en seguridad, análisis criminal y manejo de armas, sino, sobre todo, deben ser expertos en trato humanitario, porque tratan directamente con personas, casi siempre en estado de vulnerabilidad, ya sea como víctimas o como victimarios.

Los derechos humanos y el trato humanitario debe ser parte de las competencias transversales. No basta con un curso de DD.HH.; todo profesor de una escuela de formación policial (y también de Gendarmería) debe tener en cuenta este enfoque en la materia que imparte. Así también, debe existir una contraparte ministerial experta que pueda verificar y acompañar los procesos educativos de las instituciones armadas y, a su vez, éstas deben estar abiertas a la participación de civiles en sus procesos de formación. Sin una contraparte experta y sin instituciones realmente abiertas al cambio, las anheladas reformas de mallas curriculares y otras, solo quedarán en los titulares.

Liza Zúñiga

Master en criminología y justicia criminal

Red de Estudios sobre Violencias