La Cámara de Diputados, por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención acogió la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau por infracción a la probidad, vulneración de deberes financieros y descoordinación presupuestaria. Será el Senado el que decida sobre el fondo de la cuestión.

Se ha hecho caudal en la izquierda, y algo de ruido en la derecha, por las consecuencias para el acusado de una aprobación. Si bien es bastante generalizada la percepción de que Grau no hizo un manejo prolijo del cargo cometiendo errores de estimación y confundiendo a la ciudadanía acerca de la situación fiscal, algunos afirman que al no haber intencionalidad en esa conducta (Grau habría sido torpe, pero sin intención) el castigo (inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años) sería excesivo.

Consignemos que quienes ahora defienden a Grau, en especial el Frente Amplio, fueron inmisericordes ejerciendo su derecho a acusar a ministros del expresidente Sebastián Piñera en 7 ocasiones y 2 veces al mismo exmandatario, durante su segunda administración. Se llegó al extremo de acusar a un ministro de Educación, Raúl Figueroa, por autorizar el regreso a clases después de la pandemia, pese a que la autoridad sanitaria lo aprobaba. También se acusó al ministro de Salud Jaime Mañalich en medio de sus esfuerzos por salvar vidas de chilenos.

Las mayorías existen en política para ejercerlas y nadie puede ser llamado a renunciar a sus fueros, de manera que la acusación es perfectamente legítima. Otra cosa es si es oportuno hacerlo. No defiendo una Ley del Talión en este caso, pero hay que decir que la institucionalidad está funcionado y efectivamente las actuaciones de Grau en relación con el manejo de la caja fiscal son al menos dudosas, en cuanto podría configurarse un ocultamiento de la verdadera situación financiera del Fisco por movimientos previos al cierre del balance del año 2025 que en otras latitudes han sido motejadas de contabilidad creativa y distorsionarían la situación de solvencia del país en cuanto a la deuda pública. Pero eso lo deberá decidir el Senado.

Ha sido el Senado también el que en una votación esta semana aprobó en general el Proyecto de Reconstrucción, que sigue su discusión. Buena gestión de los ministros Quiroz, Alvarado y García. Algunos pedían una aprobación más holgada de la ley, pero la oposición no estuvo a la altura: no se puso de acuerdo e incluso pidió “compensaciones” que significan subir impuestos, sin entregar nada a cambio, lo que no es serio. Las leyes perduran por su calidad, no por la diferencia de votos con que se aprobaron. La oposición es implacable en el Congreso y sin embargo pide gestos. Siempre es buena una victoria holgada, pero como en el fútbol, un partido importante se gana, aunque sea por medio a cero.

Por Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo