Medios de pago y consumidores

En los próximos días el proyecto Pro Consumidor comenzará el que podría ser su último trámite constitucional antes de convertirse en ley. La iniciativa que fue impulsada por el Ejecutivo contiene una serie de disposiciones en distintos ámbitos pensados bajo la lógica de favorecer a los consumidores y evitar asimetrías de mercado que los perjudiquen.

El proyecto avanza en aumentar las garantías de los bienes durables, fortalecer el derecho a retracto -en especial en las compras online-, regular la venta de pasajes aéreos, facilitar el término de contratos de adhesión y la disposición de recetas médicas en línea, entre otros aspectos, todos los cuales son beneficiosos para los consumidores y no conllevan efectos económicos perjudiciales en los mercados.

Sin embargo, una indicación impulsada por un par de parlamentarios de oposición que prohíbe los descuentos asociados a los medios de pago está causando enorme controversia por los efectos nocivos que puede tener. La indicación fue rechazada en dos ocasiones en las comisiones de Economía de la Cámara y el Senado, y una tercera vez en un debate previo en otro proyecto de ley. A pesar del informe en contra de las instancias técnicas, al que se sumó la opinión de diversos expertos en derecho de consumo, la indicación fue repuesta a última hora en el debate en la sala del Senado, logrando ser aprobado por tan solo 13 votos favorables.

Más allá de los posibles efectos relacionados con la libre competencia, es importante analizar esta indicación a la luz de sus impactos sobre los propios consumidores. En su redacción final, el proyecto en la práctica prohibirá cualquier descuento asociado a un medio de pago, independiente de si este se realiza con tarjeta de crédito, débito o prepago. Esta prohibición -que según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional no tiene paralelo en otro país-, intenta además inhibir las decisiones que libre y voluntariamente toman los consumidores al escoger qué medio de pago utilizar con los beneficios y/o costos asociados. El sesgo contra el sector financiero que manifiestan algunos parlamentarios condena a cientos de miles de personas a la exclusión del mercado formal del crédito y al peligroso mundo de prestamistas informales.

Los efectos de esta indicación -que logra empañar al resto del proyecto- terminarán perjudicando a los propios consumidores. En el corto plazo, y dada su confusa redacción, los efectos de esta iniciativa podrían alcanzar a todos los emisores -incluyendo bancarios y no bancarios-, los que se verían forzados por ley a limitar los beneficios que entregan a las personas por el uso de sus medios de pago. Pero en el largo plazo, el proyecto terminará por encarecer los servicios financieros y concentrar aún más la oferta, todo lo cual va en contra de ampliar la inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de las personas.