A propósito de la recuperación de la amistad social después de grandes tragedias y persecuciones contra la dignidad humana, el Papa Francisco advirtió muy claramente que, hoy es fácil “caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”. Y aunque pueda tratarse de una situación de horror, expresaba también la necesidad del recuerdo “de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad” (Fratelli Tutti n. 249).

A cincuenta años de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad se realizó, el 15 enero recién pasado, un emotivo homenaje a dicha institución eclesial por su paradigmática defensa de los derechos humanos en tiempos de Dictadura. Fue en el Palacio de la Moneda, donde el Presidente de la República agradeció la iniciativa del entonces Cardenal Silva Henríquez y el trabajo de todos quienes laboraron en dicho espacio durante su existencia, siendo estos homenajeados también en dicho evento. La “urgencia en la caridad” fue su lema episcopal que se hizo carne en su opción por proteger a quienes más lo necesitaban. En su autobiografía, Ana Gonzalez de Recabarren (de quien hicieron desaparecer a dos hijos, a su nuera -que estaba embarazada- y a su propio marido), expresó que fue la Iglesia Católica, la que “no los abandonó a la indefensión ante el Estado”.

La “Vicaría” acabó su trabajo el año 1992, precisamente porque reconocía y quería dar lugar al Estado de Derecho en la democracia que se restauraba. Pero, además, junto a otros registros y archivos, permitió ayudar en distintas iniciativas (Rettig y Valech, entre otras), para reivindicar la verdad y procurar una reparación a los familiares de detenidos desaparecidos. Esto nos recuerda que la directa responsabilidad del Estado -según la declaración pontificia Dignitas infinita frente a cualquier forma de agresión a los derechos humanos- se hace indispensable no solo a la hora de su protección, sino también de “garantizar las condiciones necesarias para que florezca en la promoción integral de la persona humana”.

Ante este escenario y mandato ético, la iniciativa del Estado de Chile a través del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNB) de Detenidos Desaparecidos ha permitido, en una gran medida, sortear esa tentación de dar vuelta la página.

Desde una convicción de la experiencia eclesial creemos que el PNB no podría interrumpirse, pues la memoria histórica es un esfuerzo activo del presente. Y por ello, tampoco parece razonable aceptar la mezquina idea de la poca eficiencia en la búsqueda de aquellos que aún no han sido encontrados, para poder ser despedidos como corresponde. Descontinuar esta política de Estado correría el grave riesgo de legitimar el ocultamiento del crimen y el destino de las víctimas. Solo una “memoria íntegra y luminosa” puede conducirnos a “una promoción integral de la persona humana”.

Por Pbro. Tomás Scherz, Miembro del Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia