Mesa de coordinación para enfrentar el delito

La instancia, convocada por el Ministerio Público, y que reúne a entidades clave del Estado, es un paso positivo, atendida la escalada de hechos delictuales. Pero es relevante que pronto pueda arrojar resultados concretos.




El Ministerio Público tomó la decisión de convocar a una inédita instancia de coordinación destinada a enfrentar la compleja situación generada por el aumento en la comisión de delitos de alta connotación pública -en contra de la propiedad y la vida de las personas- asociados a la expansión de las operaciones de bandas criminales, y de violencia creciente, donde el uso de armas de fuego se ha transformado en una constante. Para ello, junto a la entidad convocante, el Ministerio del Interior, Carabineros, la PDI, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección de Territorio Marítimo de la Armada, ya iniciaron su trabajo, concentrando su acción en lo que han denominado violencia urbana.

Sin perjuicio de que llama la atención de que una instancia de esta naturaleza no se haya concretado con anterioridad, atendida la alarma pública que causan estos hechos, es una señal positiva que se constituya y donde concurran todas las entidades que no solo tienen el deber de investigar, sino también de prevenir los hechos o ejercer labores de fiscalización en áreas especialmente sensibles, como territorio marítimo y el ingreso y salidas de bienes, ámbitos donde el tráfico de drogas requiere ser desarticulado.

Y si bien la exclusividad en la iniciativa de la investigación penal de acuerdo a la ley está en manos del Ministerio Público, es altamente conveniente que se dé un paso más y que se comparta el trabajo especializado de todas estas instituciones, de manera de poder establecer estrategias y protocolos comunes que permitan una mejor identificación de los nudos donde se genera el actuar articulado de bandas criminales. El aumento de los homicidios durante el año pasado -un incremento del 20% en relación a 2019-, el control territorial que ejercen bandas asociadas especialmente al tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas -62% de las incautaciones corresponden a internaciones ilegales o instrumentos hechizos, donde la venta y arrendamiento de ellos constituyen un lucrativo negocio- y los robos violentos -encerronas y portonazos incluso con víctimas fatales- dan cuenta de la necesidad de reenfocar el combate contra la delincuencia, identificando patrones en las formas de operar, más allá de los delitos particulares, que permitan desarticular estas verdaderas industrias del crimen.

Son importantes las expectativas que genera esta instancia de coordinación, especialmente si el fiscal nacional señaló que espera que a mediados de año puedan tener identificados “los primeros focos de investigación de violencia en los centros urbanos del país”; sin embargo, y tal como la misma autoridad lo señaló en la convocatoria, es de esperar que no se transforme en una más de las mesas que de tiempo en tiempo se constituyen para enfrentar situaciones que demandan urgencia. Es fundamental que pueda arrojar resultados cuantificables y se rindan cuentas ante la ciudadanía; los espacios que día a día gana el crimen organizado en nuestros barrios constituyen una realidad que atemoriza y resta grados de libertad a la población, y quienes están encargados de brindar seguridad, tanto en la prevención delictual, en la persecución penal y en la sanción, por ahora están al debe.

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