Estamos lejos de ser testigos de ese Estado fuerte que cuenta con todas las herramientas para combatir amenazas complejas. La red de narcotráfico que toca al Ejército es muestra de ello. La debilidad puede pasar por falta de capacidades o por la deliberada intención de no hacer cumplir la ley; en este caso en particular, pasa por la falta de comprensión de un fenómeno que por definición busca debilitar al Estado.

No es momento de discutir sobre qué tan bueno o malo es recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, pero sí se necesita conversar sobre el impacto que una decisión como esa tiene en las instituciones militares. No basta con afirmar comprender el daño de la corrupción, es necesario entender que es la forma que tiene la amenaza para avanzar, por lo tanto, el despliegue de militares requiere, necesariamente, considerar ese aspecto. Si así hubiese sido, hoy se estaría hablando de operaciones breves y separadas en el tiempo, de suspender el despliegue o trasladarlo a otra zona, todo, con el fin de proteger a los militares de la corrupción base que significa combatir este tipo de criminalidad.

Ya se han tenido que trasladar efectivos por amenazas, otros se han visto enfrentados a ataques para interrumpir sus controles mientras que, las Fuerzas Armadas siguen dudando sobre el respaldo que la clase política les otorga.

La ética pública debe ser protegida, pero, también se debe entender que es débil frente a la tentación millonaria del crimen y ahí radica la labor del conductor político. Éste, debe privilegiar la protección de las instituciones del Estado, debe comprender el fenómeno y su impacto en esas mismas instituciones, de otra manera, se seguirán creando ventanas de oportunidad.

En este caso el Ejército identificó el problema, lo investigó y denunció, puso a la institución primero y por eso debiese ser un ejemplo para otros. Hoy, en Chile, se observa una zona gris donde el Estado convive con ecosistemas criminales que van minando lentamente y en silencio la institucionalidad.

Existen distintos grados de compresión del problema. En el norte, tienen mayor claridad, pues lo viven a diario, en Santiago, las balaceras y las disputas territoriales aún no permiten entender del todo lo que pasa. A pesar de los distintos grados de comprensión, lo vivido por el Ejército debiese transformarse en una bandera roja en cuanto al combate contra el crimen organizado. Situaciones similares han sucedido en otras instituciones o servicios y los resultados no han sido tan positivos. Hemos salido de una elección primaria y entramos directamente a la carrera presidencial, y allí el compromiso con cerrar las brechas de la corrupción debe ser total, la voluntad completa y la disposición a apostarlo todo no puede faltar.

La respuesta no es retroceder y sacar a los efectivos. Eso no termina con el problema y se estaría aplicando la solución de Don Otto, es decir, se retira la institución, pero no se han tomado cartas en el asunto. El problema persiste y Chile sigue cediendo frente al crimen organizado.

Por Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting