Naufragio de acusación contra exministro de Salud

El exministro de Salud Jaime Mañalich hoy en la Cámara. Foto: AgenciaUno.

Esta nueva acusación constitucional pretendía establecer graves responsabilidades allí donde existe un amplio margen para el ensayo y el error, como es lo propio de una pandemia.



Por estrecho margen -71 votos a favor, y 73 en contra- el exministro de Salud Jaime Mañalich, logró sortear la acusación constitucional que la oposición había presentado en su contra, por graves cuestionamientos en el manejo de la pandemia. En el resultado fueron clave las abstenciones de siete parlamentarios de centroizquierda, producto de lo cual no se logró el quórum requerido.

La acusación se estructuró en dos capítulos, uno por vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física, y otro relativo a la vulneración de principios de probidad y publicidad. Los graves cargos que los acusadores esgrimían dicen relación, entre otros, con el elevado número de fallecidos y contagiados en el país, la ausencia de una estrategia coherente para enfrentar la pandemia y las inconsistencias en los reportes de fallecidos, todo lo cual habría llevado a adoptar decisiones equivocadas -o abiertamente intencionadas- que impactaron gravemente en la salud de la población.

No cabe duda que frente a un evento inesperado como ha sido la pandemia de coronavirus, la gran mayoría de los sistemas de salud en el mundo se han enfrentado a complejidades no vistas, y ha sido necesaria una permanente política de ensayo y error. El solo hecho de que ya se registre más de un millón de fallecidos a nivel global y casi 39 millones de contagios, da cuenta de que estamos en presencia de un virus impredecible y especialmente letal en población de mayor riesgo. Pretender que hay una política de contención “correcta”, o esperar que no se cometan errores en la estrategia, no resulta realista. Todavía más temerario resulta imputar intencionalidades. Para el caso de Chile, la acusación no consideró que también se aumentaron las capacidades del sistema de salud, gracias a medidas que se tomaron con anticipación, permitiendo, por ejemplo, que no faltaran respiradores.

Acertadamente se ha hecho ver que bajo los estándares que los diputados acusadores pretendían establecer, en la práctica ningún ministro de Salud podría sentirse respaldado en el ejercicio del cargo, pues aspectos que están fuera de su alcance o que pueden ser objeto de correcciones podrían jugar en su contra y ser acusado de faltar a la Constitución. Todo ello sin perjuicio de que el país deberá ir extrayendo lecciones y aprendizajes, identificando dónde se cometieron errores -existe consenso, por ejemplo, en la tardanza para haber implementado sistemas de trazabilidad y aislamiento mucho más efectivos, así como el desacertado manejo comunicacional que se vio sobre todo en los primeros meses- y la forma de corregirlos.

Hay una investigación abierta por el Ministerio Público donde se indaga si existió manipulación de las bases de datos al interior del propio Ministerio de Salud, la que recién se encuentra en su fase preliminar. Ahora cabe esperar que pueda seguir su curso sin la presión que genera un juicio político, y se aclaren todas sus circunstancias.

Tras este nuevo traspié -es la sexta acusación constitucional presentada durante este período que naufraga- sería bienvenido que la oposición desistiera de seguir adelante con el frenesí de buscar la destitución de autoridades, reservando esta herramienta para casos excepcionales. Lo ajustada de la votación sugiere, sin embargo, que en buena parte de los parlamentarios aún no existe cabal comprensión del daño que se genera con el uso abusivo de este tipo de acciones, lo que no es una buena noticia para el país.

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