Necesaria evaluación del Ingreso Familiar de Emergencia

Pese a los indudables beneficios sociales que esta herramienta trajo, también es un hecho que por su masividad terminó favoreciendo a familias que no requerían de este apoyo fiscal, lo que ofrece un valioso aprendizaje para el diseño de futuras políticas públicas.




La Comisión Nacional de Productividad (CNP) publicó un estudio en que analiza la eficiencia y efectividad de las ayudas estatales desplegadas durante la pandemia para apoyar la caída de ingresos de los hogares, en especial, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según los datos del Ministerio de Hacienda, este programa tuvo un costo total de más de US$ 25 mil millones, que representan sobre el 70% del gasto total destinado a programas de emergencia en el período.

Uno de los principales hallazgos del informe dice relación con la cobertura que las ayudas finalmente tuvieron respecto a la pérdida efectiva de ingresos de las personas. En 2020, cuando el IFE estuvo dirigido principalmente a trabajadores informales y de bajos ingresos, se reporta que hubo hogares afectados por la pandemia a los cuales no les llegó apoyo. No obstante, con el avance de la pandemia, las ayudas -en particular el IFE- se fueron extendiendo hasta prácticamente la universalidad del Registro Social de Hogares (RSH), esto es, alcanzando a más del 80% de la población del país, al punto que dejaron de compensar la caída de ingresos y pasaron a ser un complemento de éstos, reduciendo significativamente la eficiencia del gasto público. En suma, la evidencia presentada indica que durante el segundo trimestre de 2021 las ayudas del Estado habrían permitido cubrir la totalidad de la pérdida de ingresos experimentada por los hogares, mientras que al cuarto trimestre los aportes habrían excedido dicha pérdida en un 31,9% de su ingreso disponible.

Estos resultados entregan aprendizajes muy relevantes para la toma de decisiones en el futuro. En primer lugar, dejan de manifiesto la necesidad de focalizar correctamente los programas y beneficios sociales en la población más vulnerable, pues cuando éstos se extienden en demasía -como ocurrió con el IFE debido principalmente a presiones políticas-, se termina llegando más allá de quienes lo necesitan, desperdiciando recursos que hubieran permitido apoyar de manera más contundente a quienes sí lo requieren. También ilustra la importancia de contar con mecanismos más ágiles para ir en ayuda de los sectores más necesitados, pues resulta evidente que en la primera parte de la pandemia la lentitud en la provisión de las ayudas fiscales generó una serie de trastornos y malestar social.

La experiencia en la implementación del IFE da cuenta de la importancia de contar con buenas herramientas para identificar a la población susceptible de estar sufriendo las carencias que la política social busca atender. En ese sentido, al comienzo el RSH mostró falencias en cuanto a cobertura y vigencia de la información, las que con el paso del tiempo se fueron subsanando, al punto de situarlo como un instrumento de buena calidad para ser utilizado en la asignación eficiente de las prestaciones del Estado. Con todo, el problema de la informalidad laboral sigue siendo el principal desafío en ese contexto.

El estudio de la CNP también enciende una alerta que la clase política y el próximo gobierno deberán considerar. Por concepto de apoyos económicos directos, Chile habrá gastado el equivalente a 12,7 puntos del PIB de 2020, ubicándose entre los primeros diez países (de 189) que más gastaron según el FMI. Dado que el financiamiento de ese gasto proviene en un 74,6% de la emisión de deuda y que Chile presenta proyecciones de crecimiento muy inferiores a países con similar nivel de gasto, se hace imprescindible recuperar la capacidad de crecer y generar flujos para el pago de la deuda y la sostenibilidad de las arcas fiscales.

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