Negativas señales ante la crisis venezolana

Venezuela

La resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU contra el uso de sanciones cuestiona la principal herramienta de la comunidad internacional para presionar a regímenes dictatoriales como el venezolano.



A mediados de marzo pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó un nuevo balance sobre la situación en Venezuela ante el Consejo respectivo. El panorama que describió en esa ocasión estaba lejos de ser auspicioso. No solo expresó su preocupación por “las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluyendo la congelación de activos”, sino también por los “crecientes signos de reducción del espacio cívico”. Y alertó, además, sobre las reiteradas denuncias de “ejecuciones extrajudiciales” y el “agravamiento de la situación humanitaria”.

Paralelamente, Human Rights Watch aseguró ante el mismo Consejo de Derechos Humanos que la pandemia de “Covid-19 se ha vuelto una excusa conveniente para el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a las voces disidentes”. “La brutal represión continua con (…) desapariciones forzadas por periodos cortos, arrestos arbitrarios y torturas”, aseguró la ONG, insistiendo también en la severa crisis humanitaria que enfrenta la población venezolana y en que “la presión internacional es indispensable para poner freno a los abusos, permitir que las personas accedan a la justicia y asegurar que haya elecciones libres y justas”.

Por ello, resulta especialmente preocupante que, a la luz de ese panorama, ese mismo Consejo aprobara solo días después una resolución condenando el uso de sanciones internacionales de parte de la comunidad internacional, considerando que ese tipo de acciones son hoy el principal instrumento de que disponen los países para presionar a gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos, como es el caso del de Venezuela. Preocupa que una instancia de Naciones Unidas destinada supuestamente a favorecer la defensa de esos derechos, termine restringiendo las herramientas disponibles para presionar a ese tipo de regímenes.

El gobierno venezolano celebró ampliamente la votación del documento de 31 apartados, que entre otras cosas cuestiona el uso de sanciones o “medidas coercitivas” por sus “repercusiones negativas” en la población; llama a los países a abstenerse de recurrir a ellas, y sostiene que este tipo de acciones impiden “el pleno disfrute de los derechos humanos”. Pero Caracas obvió que no han sido las sanciones sino su propia incompetencia y su actuar autoritario el que ha vulnerado los derechos de la población venezolana, la que hoy no solo atraviesa la peor crisis económica de su historia, sino que además carece de las mínimas condiciones sanitarias para afrontar la peor pandemia en más de un siglo.

Al restringir las herramientas con que cuenta la comunidad internacional para presionar a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, la resolución puede terminar favoreciendo que este tipo de regímenes se eternice en el poder, con graves efectos para la población que supuestamente se aspira a defender. Ello es aún más grave en el caso de Venezuela, porque se suma a la reciente decisión de Argentina de retirarse del Grupo de Lima, que mina el actuar de la que era hasta ahora la principal instancia regional para abordar la situación venezolana. Una crisis, además, cuyas repercusiones alcanzan a la mayoría de los países sudamericanos, a causa del masivo éxodo de sus habitantes.

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