SEÑOR DIRECTOR

El 7 de noviembre se realizarán en Nicaragua elecciones presidenciales, sin garantías democráticas, ni supervisión internacional. Daniel Ortega busca su tercera reelección y quinto mandato presidencial en un contexto de grave crisis política y con más de 37 líderes opositores en prisión e inhabilitados. El régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, una vez más, ha vulnerado flagrantemente los principios de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por ello, las elecciones y sus resultados carecen de toda legitimidad e interpelan la conciencia democrática de la región que debe rechazar con la mayor energía a aquellos que usan las reglas de la democracia para acceder al poder, para luego socavarla y destruirla.

La reacción de repudio ha sido mundial. EE.UU., la Unión Europea, Human Rights Watch y la OEA han expresado su repulsa a la prisión política y demandan su libertad. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha “condenado la violación de los derechos humanos en Nicaragua, exige elecciones libres y la liberación inmediata de los candidatos arrestados, sin represalias”.

Pese a los esfuerzos regionales de lograr la plena democratización de los países de América Latina, la democracia continúa amenazada en la región y la Carta Democrática Interamericana, después de 20 años de vigencia, requiere con urgencia ser reformada con mecanismos y eficaces sanciones capaces de evitar la perpetuación en el poder de regímenes autoritarios. Es penoso observar a Nicaragua caminar hacia el autoritarismo y sumarse a Cuba y Venezuela, dos dictaduras que afectan la unidad de la región y la imagen de América Latina en el concierto internacional.

Nelson Hadad Heresy

Académico. Ex embajador de Chile