Nueva propuesta del gobierno para "ley Uber"



El gobierno anunció el envío de una indicación sustitutiva al proyecto que actualmente se tramita en el Congreso para regular las nuevas plataformas destinadas al transporte remunerado de pasajeros, más conocido como "Ley Uber". Aun cuando esta iniciativa deja de lado algunas de las restricciones que contenía el texto enviado bajo la administración anterior -que constituían un abierto retroceso-, sigue siendo un proyecto que no apunta a estimular todo el potencial de estas nuevas tecnologías, persistiendo en la idea de regulaciones que se asimilen a los "taxis amarillos", sistema cuyas artificiales barreras de entrada precisamente han llevado a un servicio oneroso, y de estándares en general insatisfactorios.

No deja de ser llamativo que estas plataformas se han expandido y funcionado admirablemente bien, sin necesidad de ninguna ley especial que las regule. En conjunto suman cerca de 100 mil conductores y más de dos millones de usuarios, un fenómeno a estas alturas incontenible, y que son el innegable reflejo de una economía libre. De allí que el sentido de una ley debería apuntar a formalizar una actividad que en los hechos ya opera masivamente, establecer las condiciones para que efectivamente las empresas que operen en el país se ajusten al mismo régimen tributario de cualquier emprendimiento, y desde luego crear las condiciones para que estas plataformas se masifiquen aún más, de modo que más personas puedan acceder a las ventajas de estos servicios.

El proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Transportes corrige algunos de los problemas más graves que tenía el proyecto del gobierno anterior. Por de pronto, no insiste en la idea de restringir el parque vehicular, y en principio tampoco contempla la aplicación de un impuesto especial por kilómetro recorrido, cuya recaudación insólitamente se iba a destinar a un fondo de innovación del transporte, idea de dudosa constitucionalidad. Sería un avance si estos lastres quedan definitivamente de lado; en cambio, se mantienen otras restricciones que no apuntan en la dirección de permitir que estas plataformas sigan su cauce natural de expansión.

El nuevo proyecto insiste en que todos los conductores de estas plataformas cuenten obligatoriamente con licencia profesional, un requisito que parece excesivo, además de oneroso. Como lo que se requiere son conductores que conozcan bien la reglamentación del tránsito, sepan reconocer las situaciones de riesgo en la conducción y eventualmente manejen nociones de primeros auxilios, la posibilidad de crear una licencia intermedia es una idea que debería ser evaluada en la discusión legislativa.

Siendo razonable que se busquen homologar el régimen tributario con otras empresas que ofrecen servicios de transporte, habrá una dificultad objetiva para que no se produzcan situaciones discriminatorias respecto de otras plataformas constituidas en el extranjero, como el streaming, o alojamiento. Para estos efectos, sería preferible no adelantarse y esperar a que exista una regulación general para todas las plataformas que no tienen base en Chile, materia que está en plena evaluación.

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