La Cámara de Diputadas y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley que extiende hasta diciembre del próximo año los beneficios de la ley que impide el corte de servicios básicos a aquellos clientes morosos desde marzo del año pasado, entregando además la posibilidad de repactar dichas deudas en un máximo de 48 cuotas sucesivas. Con ello sería la tercera prórroga de esta normativa.

Al estar próximo a cumplirse los plazos que estableció la segunda prórroga para poder acogerse al beneficio, la presentación de este proyecto busca evitar que las personas que tengan dificultades para pagar puedan ser objeto de cortes, justificándose además en la compleja realidad que aún viven miles de familias producto de la caída de los ingresos que ha generado la pandemia, así como por la pérdida de empleos. Hace ver además que las familias dejarán de percibir ciertos subsidios a partir de 2022, y que el Estado en general ha llegado tarde con las ayudas, lo que justificaría esta nueva y extensa prórroga.

La ley de servicios básicos, que respondió a la emergencia que ha generado la pandemia, ha cumplido un rol social importante, pero también ha generado una cuantiosa deuda -solo en electricidad y servicios sanitarios ya se acumulan deudas por cerca de US$ 600 millones-, y desde luego esto también ha generado un importante impacto financiero en las empresas que proveen los servicios, una de las cuales ya hizo una reciente presentación ante el Tribunal Constitucional para lograr la inaplicabilidad de la norma en su caso.

El proyecto de los diputados se desentiende completamente de estas complejidades, y busca hacer extensiva una situación de emergencia como en los momentos más álgidos de la pandemia, en circunstancias que el país vive un cuadro sanitario y económico más holgado, si bien hay coincidencia que 2022 será un año de mayor ajuste.

Esta irresponsable forma de actuar por parte de los diputados resulta aún más contradictoria considerando que en el Senado se está trabajando junto al Ejecutivo otro proyecto de ley donde se buscaría una solución más integral -no exenta de sus propias complejidades-, donde la fórmula que se explora no es seguir extendiendo el plazo de no pago -ello no haría sino abultar aún más el monto de la deuda, además de profundizar el daño a las empresas proveedoras-, sino entregar facilidades a las familias para que puedan pagar las deudas, limitando el monto de las cuotas y entregando subsidios a las familias que lo requieran.

Existe entonces la posibilidad de que la Cámara y el Senado comiencen a tramitar proyectos contradictorios, creando un intríngulis que hará aún más complejo buscar una solución. Lo razonable sería no insistir en nuevas prórrogas, y concentrarse en la fórmula que se explora en la Cámara Alta, que apunta a una solución más global. Los efectos de la pandemia nos acompañarán por un largo tiempo, pero por lo mismo es relevante que desde el Congreso el tema sanitario no se siga utilizando como pretexto para seguir impulsado agendas populistas o muy poco rigurosas, por los evidentes daños que ello genera al país.