SEÑOR DIRECTOR:

En dos años, la población penal aumentó de 40 mil a 50 mil personas, lo que ha llevado a decisiones como que Gendarmería deberá informar al Poder Judicial permanentemente sobre la capacidad de estas.

Este déficit de infraestructura nos lleva a reflexionar sobre el éxito que han tenido los recintos penales construidos a través de la Ley de Concesiones. Los resultados son positivos en cuanto a la calidad de la infraestructura, los servicios de aseo y alimentación. Además, los costos por recluso son menores en diversos ítemes. Mediante este mecanismo se han aportado más 18.000 plazas.

La alianza público-privada muestra que las empresas concesionarias han ayudado a tener mejores estándares, lo que contribuye a satisfacer las necesidades de seguridad pública y a una mejor calidad de vida para los internos y del personal. Hay que señalar que la responsabilidad sobre la población penal es y debe seguir siendo de Gendarmería.

Estas herramientas ayudan a que el Estado cumpla con el plan maestro de infraestructura penitenciara anunciado por el ministro Cordero.

Paulo Muñoz M.

Investigador Asociado CPI