En los últimos días de su administración, Gabriel Boric ha reconocido en público errores y déficits de gestión. Algo que es interesante, en vista del lugar en que estará la izquierda y la centro izquierda, a partir del próximo 11 de marzo; la oposición.

Desde luego, reconocer fallas en la gestión es un comienzo, pues permite sacudir al sector de la idea de que la buena administración es cosa de ingenieros y que el éxito llega exclusivamente cuando flamean lindas banderas con poderosos símbolos políticos.

Es de esperar que esa dicotomía no vaya a más, pues ahora, en la oposición, el sector deberá recurrir a la gestión para ordenar lo que queda de su poder. Es cierto que a partir del miércoles no contará con el Ejecutivo, por lo que deberá concentrar sus cartas en el ejercicio parlamentario, donde la administración de sus “no”, es la clave para construir una gestión propositiva, no obstruccionista y -en consecuencia- capaz de mostrarse como una alternativa viable en cuatro años más.

En otras palabras, la futura oposición debe empezar por establecer con claridad sus líneas rojas, tanto a nivel político como técnico. Algo de eso hay a propósito del firme rechazo al proyecto de ley que conmuta penas a condenados mayores de 75 años, el cual beneficiaría a los reos de Punta Peuco. Pese a que de alguna manera el hecho de que el Senado haya aprobado en general el proyecto, muestra que la línea de defensa está muy atrás; en la línea de gol, con los jugadores dormidos y sin seguimiento parlamentario y político de la agenda.

Este trabajo hay que profundizarlo y hacerlo eficaz. Algo así implica definir los contenidos que constituyen las líneas rojas del sector, como puede ser la defensa de los derechos humanos, sociales o medioambientales, y de una política exterior basada en el derecho internacional. Y también requiere de establecer los criterios y estrategias para la vigilancia y control de los actos del nuevo Gobierno, a través de un ejercicio parlamentario y fiscalizador razonable. En suma, elementos que permitan -entre otras cosas- tener un diálogo constructivo (y técnico) respecto de la agenda de seguridad, evitar la reducción inapropiada del Estado y el adelgazamiento de las políticas sociales, minimizar los conflictos de intereses, y administrar con cordura y fondo herramientas tales como la acusación constitucional o las facultades fiscalizadoras de la Cámara.

De algún modo la izquierda debe emular a la derecha, cuando ésta estuvo más replegada al fondo de su área (durante el estallido social), habiendo logrado instalar las líneas rojas de la ilegitimidad de la protesta cuando hay violencia y la vigencia del modelo económico, y sobre ellas, levantar las banderas que la llevaron de vuelta a La Moneda: seguridad, crecimiento y eficiencia.

Al respecto, también es clave que este ordenamiento se produzca en un proceso de reflexión colectiva, que permita -por un lado- salir del aturdimiento programático y doctrinario, y -por otro-, que evite el atajo de recurrir a líderes providenciales, influencers y sheriffs de matinal, lo que ha probado ser un callejón sin salida.

Todo esto es indispensable para la supervivencia -en particular- del socialismo democrático, pues a diferencia de otras ocasiones, esta vez no puede permitirse errores graves.

Ahora tendrá enfrente no solo a un Gobierno con una doctrina de polarización que parece jugar un esquema de suma cero, sino que también una competencia que está ansiosa por desplazarlo: Franco Parisi y el Partido de la Gente, quienes ya lograron que Pamela Jiles presida la Cámara. Un competidor que al menos en la retórica, se agranda cuando habla de “gestión”.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.