Plan de racionamiento de agua en la RM

La estrategia para gestionar la emergencia hídrica devela la falta de planificación de mediano y largo plazo, así como las limitaciones conceptuales con que el país enfrenta la megasequía.




Después de trece años de sequía, aproximadamente la mitad de las comunas del país y la mitad de su población se encuentran en condición de emergencia hídrica. Si bien hay un componente cíclico, el consenso es que el cambio climático ha traído para Chile un régimen permanente de menores precipitaciones -algunos lo sitúan en al menos 30%- que afectará indefinidamente las posibilidades económicas y hasta de asentamiento poblacional de gran parte del territorio nacional.

En este contexto, sorprende que el plan de emergencia hídrica para la Región Metropolitana -recientemente dado a conocer por la gobernación regional- no vaya más allá del aviso anticipado de que, ante un agravamiento de la escasez, habrá racionamientos zonales cada cierto número de días.

Los modelos más básicos de racionamiento de corto plazo normalmente avanzan en la dirección de mantener un consumo básico, a bajo precio, asegurado para toda la población, y el consumo por sobre ese nivel básico racionado a través de precios tan altos como sea necesario para ajustar consumo total con disponibilidad. Esto evita, por ejemplo, que un restaurante deba cerrar en días de racionamiento, porque pagando el mayor costo del consumo de agua por sobre el mínimo, puede mantenerse siempre en actividad. También, ante el mayor costo del consumo por sobre el mínimo, habrá un ahorro efectivo de agua en usos domésticos intensos, como riego de pastos o piscinas. También, una buena planificación podría poner en marcha un mejor mecanismo de racionamiento con anticipación, tal de comenzar tempranamente a ahorrar agua para no tener que extremar el ajuste futuro.

El plan dado a conocer, con cortes de abastecimiento rotativos por 24 horas que se producirán cada 4 o hasta 12 días -según la cuenca de que se trate y el volumen de agua que se requiera cubrir-, no desincentiva ni limita usos secundarios de agua, obliga a cerrar sus operaciones a muchas actividades (colegios, restaurantes, universidades, etc.) y, hasta que llegue la emergencia, mantiene inalterado el actual patrón de consumo de agua de la población.

Enfrentar el cambio permanente en recursos hídricos a nivel nacional buscando mejorar la disponibilidad de agua y no solo racionar la escasez requiere inversiones; desde megaproyectos para embalsar, trasladar o infiltrar aguas, hasta infinidad de proyectos menores para mejorar la utilización del recurso, como sería el caso de reutilizar aguas grises debidamente tratadas. Todos esos proyectos pueden ser abordados por el sector privado si se le autoriza a planificar y ejecutar obras con criterio de largo plazo. Para ello, son esenciales la propiedad sobre el bien que se genera (agua en este caso) y el funcionamiento de precios, tal que las decisiones de inversión sean eficientes. Las señales que salen de la Convención Constituyente -consistentes con el enfoque que parece subyacer en el plan para la Región Metropolitana- representan una visión muy alejada de lo que permitiría contar con el aporte empresarial privado para morigerar el impacto de la escasez hídrica que llegó para quedarse.

De persistir esos enfoques, lo más probable es que, con algunas obras públicas y racionamiento cada vez más permanente, el país comience a profundizar un costoso ajuste productivo, poblacional y social, ante la nueva situación hídrica.

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