El martes 12 de mayo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expuso ante la Cámara de Diputados los lineamientos del plan de seguridad del gobierno, estructurado en siete ejes estratégicos centrados en recuperación territorial, fortalecimiento policial y combate al crimen organizado. En su dimensión de control, la propuesta es técnicamente consistente y responde con claridad a la urgencia que la ciudadanía demanda.

Sin embargo, una estrategia de seguridad eficaz debe reconocer que no estamos ante una realidad delictiva homogénea. Coexisten múltiples fenómenos, entre los cuales es posible identificar al menos dos: el crimen organizado transnacional, de estructura empresarial y alta capacidad adaptativa, y el delito común, de carácter predatorio y oportunista. Ambos, aunque por razones distintas, son sensibles a algo que el plan enuncia, pero no desarrolla con suficiente profundidad: la prevención integral del delito, que figura como eje estratégico pero permanece, hasta ahora, sin contenido explícito.

Prevenir no es solo disuadir. La mayor presencia policial o el endurecimiento de sanciones tienen efectos limitados en la reducción del delito si no se actúa simultáneamente sobre los factores que alimentan las trayectorias delictivas, como la deserción escolar, la desvinculación comunitaria, el consumo problemático de drogas o la debilidad del tejido social. La prevención social opera justamente en esa dimensión más profunda, fortaleciendo la cohesión comunitaria y el sentido de pertenencia territorial que reducen las condiciones de vulnerabilidad que hacen del delito una opción accesible o, en ciertos contextos, inevitable (como es el caso de territorio con gobernanza criminal).

El desafío no es ignorar estos aspectos sino perfeccionarlos y adecuarlos a las nuevas y más complejas manifestaciones delictivas. Ello exige diseñar estrategias preventivas con indicadores que no se limiten a contabilizar la ejecución de acciones -mejoramiento de espacios públicos, instalación de luminarias o intervenciones sociocomunitarias- cuyo registro de actividades no equivale a evidencia de impacto, sino que evalúen efectos reales y sostenidos en la población objetivo como reducción de la deserción escolar en territorios intervenidos, adherencia a tratamientos por consumo problemático de drogas, disminución de la victimización en zonas con intervención preventiva, y mejora en la percepción de seguridad, confianza institucional y cohesión comunitaria.

El equilibrio entre control y prevención no es una concesión ideológica, es una exigencia técnica. El gobierno tiene la oportunidad de dar un paso adicional entregando al eje de prevención integral contenido concreto y metas medibles. Una estrategia de seguridad que combine la firmeza del control con la profundidad de la prevención social no solo será más eficaz, sino también más duradera. Ese es el estándar que Chile necesita y que este plan tiene la oportunidad de alcanzar.

Por Carlos Guajardo García, Director Diplomado en Criminología, Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado